Donan juguetes a hijos de detenidos en régimen de excepción en El Salvador

Unos 200 hijos de personas detenidas bajo el régimen de excepción, vigente en El Salvador desde finales de marzo y que ha dejado más de 60.000 detenidos, recibieron juguetes y víveres este martes en una conmemoración navideña.

"Quisimos celebrar a los niños, porque este año los niños que tienen a sus papás presos y sus mamás detenidas no pudieron abrazarlos porque están presos, víctimas de este régimen injustamente", dijo a EFE Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).

Agregó que están "defendiendo la inocencia de las víctimas, no estamos defendiendo criminales".

"El mismo (Nayib) Bukele aceptó que hay un 1 % de personas que son inocentes dentro de todas las capturas, (...) creemos que son mucho más que eso", agregó el activista de derechos humanos.

Indicó que los juguetes y la comida para la reunión navideña se dio a iniciativa de salvadoreños en el extranjero, quienes gestionaron los recursos.

Andrea de García relató a EFE que su esposo fue detenido el 28 de marzo pasado y que tiene una hija de dos años y nueve meses de edad.

"No sabemos exactamente cómo está, no nos dejan verlo, no nos dejan hablar con ellos. El abogado (público) todo prepotente, no sé cómo llevan el caso de mi esposo. Desconozco, sinceramente, la salud de él", manifestó.

Wendy Vigil, madre de cuatro hijos, relató que su esposo "venía de trabajar" cuando fue detenido y, a su juicio, "este régimen (de excepción) no es bueno".

"Yo no defiendo delincuentes. Mi marido no ha extorsionado a nadie, ni ha hecho cosas indebidas. Lo llegaron a traer por una llamada anónima, ya lleva seis meses (detenido)", sostuvo Vigil, quien pidió que no se grabara su rostro.

Dijo que en estos meses ha tenido recolectar hierro o botellas de plástico para vender y lograr alimentar a sus hijos.

"Voy a la Procuraduría (General) y se burlan de mí, me mandan a trabajar. El abogado, cada vez que llego, se burla de mi", lamentó y señaló que no recibe información del estado de su familiar.

El régimen de excepción fue aprobado a finales de marzo en el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días y que fue atribuida a las pandillas.

Esta medida, que se ha venido extendiendo por periodo de 30 días, suspende derechos constitucionales, como el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones, además la detención administrativa pasa de 3 días a un máximo de 15 días.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal señala que durante el régimen se han dado violaciones de derechos humanos, más de 90 muertes en custodia de fuerzas de seguridad del Estado y casos de "torturas y malos tratos".