19-12-2018 / 15:51 h EFE

Las principales organizaciones ecologistas han celebrado el acuerdo político alcanzado hoy entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros para reducir los plásticos de un solo uso e imponer medidas más restrictivas a los productores.

La prohibición de plásticos como pajitas, platos, cubiertos o globos, entre otros, para 2021 ha sido calificada por Greenpeace como un paso "importante" frente al "lobby" de la industria del sector, que "ha debilitado y retrasado la ambición inicial de la propuesta y el voto del Parlamento".

La responsable de la campaña de plásticos de esta organización, Alba García, ha pedido al Gobierno español objetivos "más ambiciosos de inmediato" y que responsabilice a los productores "para que reduzcan de forma drástica la producción de envases de plástico de un solo uso y fomenten los envases reutilizables".

En este sentido, el director de la ONG Retorna, Miquel Roset, ha señalado que "cada día 30 millones de latas y botellas se pierden y acaban abandonadas en nuestro entorno".

Roset se ha mostrado "muy contento" con el acuerdo político alcanzado en Bruselas, con el que "recuperaremos el hábito de devolver los envases vacíos a las tiendas", una práctica que ya está implantada en otros países y que la sociedad apoya por "participar en un sistema tan eficaz".

Ecologistas en Acción ha calificado el acuerdo de "positivo", aunque ha subrayado el "retraso" de cuatro años -del año 2025 al 2029- de la medida que garantice la recogida selectiva del 90 por ciento de las botellas de plástico.

La responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra, Alodia Pérez, ha calificado la nueva directiva como "un significativo primer paso" y espera que las medidas "estén a la altura" para poder "reducir el uso de productos de plásticos desechables" y asegurar "que los fabricantes pagan por la contaminación que generan".

Para Amigos de la Tierra, el acuerdo "no responde a la gravedad de la crisis del plástico" y "faltan objetivos vinculantes" que obliguen a los estados miembros a establecerlos en su legislación.

Mañana, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmará previsiblemente la directiva, que los Estados miembros dispondrán de dos años para trasponer a sus negociaciones y que deberá entrar en vigor en 2021.

 
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