08-01-2019 / 18:10 h EFE

Buena parte de la comunidad educativa que forma parte del Consejo Escolar del Estado ha presentado más enmiendas al texto de la reforma educativa que defiende la ministra de Educación, Isabel Celaá, que las que hizo en su día a la Lomce.

Lo han explicado a Efe representantes de sindicatos educativos que hoy y mañana debaten en el Pleno del Consejo Escolar las 551 enmiendas presentadas al anteproyecto con el que el Gobierno quiere derogar la Lomce.

El presidente del sindicato independiente ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha recordado antes del comienzo de la reunión que a la Lomce se presentaron más de 300 enmiendas mientras que a la anterior, la Ley Orgánica de Educación (LOE), más de 800.

No obstante, la comunidad educativa del Consejo Escolar (están integrados docentes, profesores, centros educativos, familias y estudiantes) presentó a la Lomce varias enmiendas a la totalidad mientras que al anteproyecto de Celaá solo la Federación de la Enseñanza USO ha llevado un informe alternativo.

El informe de USO no ha salido adelante por 58 votos en contra, 22 a favor y 4 abstenciones, según han informado a Efe miembros del Consejo Escolar presentes en la reunión de hoy.

El representante de ANPE ha aclarado que tanto la Lomce como ahora la reforma que defiende Celaá son reformas o modificaciones de la LOE, que supuso "una ley de calado".

El Pleno del Consejo tiene que debatir las 551 enmiendas presentadas (entre ellas, las más de 50 de los docentes de STES-Intersindical, las alrededor de 40 de CCOO o las más de 50 de los estudiantes de Canae) para emitir finalmente su dictamen, que es preceptivo pero no vinculante para el Gobierno.

"Todo el mundo tiene la sana intención de modificar la ley, pero las leyes las hace el Gobierno y hace falta encontrar los consensos y acuerdos mínimos", ha señalado Nicolás Fernández Guisado.

Antes de esta reunión del Pleno del Consejo Escolar del Estado, la Comisión Permanente de este órgano consultivo del Ejecutivo en materia educativa ya dio a conocer un informe el pasado diciembre en el que hacía diversas observaciones al texto de Celaá.

Por ejemplo, proponía que la Administración del Estado fije una porción mínima del uso de la lengua castellana en toda España, "como lengua oficial que es".

La reforma de Celaá prevé que sean las administraciones las que determinen el número de horas en lengua castellana.

Otras recomendaciones del Consejo son que se incluya "Historia del Mundo Contemporáneo" como materia común en todas las modalidades del Bachillerato, que sea una prioridad contar con direcciones estables en los centros educativos públicos y que haya una coordinación entre comunidades de las políticas educativas.

Además, instaba a fijar una financiación del sistema educativo que sea al menos del 5,5 % al finalizar el proceso de implantación de la reforma.

 
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