El Ministerio de Seguridad de Argentina, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público Fiscal acordaron este miércoles en Buenos Aires colaborar en la medición de feminicidios en el país para poder mejorar las políticas públicas destinadas a combatir esta lacra.
A partir de ahora, los tres organismos que recogen estadísticas oficiales de mujeres asesinadas por su condición de género en Argentina compararán sus cifras para elaborar nuevas medidas de prevención y paliar este "terrible tema", según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien participó en la firma del convenio.
"Esto nos lleva a poder pensar entre todos nuevas estrategias para poder tener mejores denuncias y mejores sistemas", aseguró Bullrich, que también expresó que este convenio le va a hacer "mucho bien a las mujeres y a todo el país".
Según las estadísticas del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en Argentina se produjeron 260 feminicidios en 2018 y el pasado enero se registraron un total de 27, casi uno por día.
La titular de Seguridad argentina afirmó que en 2017, solo el 16 % de las víctimas de feminicidios habían interpuesto una denuncia previa, por lo que abogó por que las mujeres se atrevan a exponer su situación de maltrato para llegar a ser "mucho más eficientes".
Asimismo, Bullrich explicó que, junto al número de mujeres asesinadas, también se contabilizarán "los niños muertos por odio de género" y los hombres que sean víctimas mortales de la violencia de género.
Junto a la ministra, firmaron este convenio de colaboración la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, y el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal.
La vicepresidenta de la Corte subrayó que "de este trabajo conjunto saldrá algo mucho más completo que lo que cada uno tiene en forma individual".
Highton de Nolasco comentó que en la Corte llevan recopilando desde 2014 todos los feminicidios que están en causa, pero su registro tiene "una fuente distinta a otras" y con este acuerdo podrán "mejorar" al comparar cifras.
Por su parte, Casal destacó que con este "primer paso" lograrán establecer patrones comunes sobre la relevancia de la información y, a partir de ahí se podrán establecer diagnósticos y criterios de intervención en los diferentes ámbitos de competencia.
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