22-02-2019 / 14:26 h EFE

El Gobierno prevé en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que la descarbonización generará en 2030 una rebaja del 12 % antes de impuestos en la factura de la luz respecto al precio actual, gracias a la entrada masiva de renovables.

Además, en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que también se ha llevado este viernes al Consejo de Ministros, se recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

La Ley incluye la realización de un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil y en base al mismo se elaborará una propuesta de calendario para la revisión de esas ayudas y medidas.

Asimismo, contempla que al menos el 20 % de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto positivo en la transición hacia un desarrollo bajo de carbono, exceptuando los recursos transferidos a las administraciones territoriales, así como los gastos que, por su propia naturaleza, no tienen incidencia directa en el cambio climático, un objetivo que se revisará al alza antes de 2025.

Además, a partir de 2020 los ingresos procedentes de subastas de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimento de los objetivos en materia de cambio climático y Transición Energética y, a través de los Presupuestos del Estado de cada año, se podrá destinar el 30 % de los mismos a medidas de acompañamiento para la transición justa.

La Ley también prevé que en el plazo de dos años desde su entrada en vigor se elabore un estudio y una propuesta de calendario para que la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté relacionada con la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil.

Asimismo, en el anteproyecto se mantiene que, a partir de su entrada en vigor, no se otorgarán nuevas autorizaciones para actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos, y las prórrogas vigentes no podrán seguir más allá del 31 de diciembre de 2042.

 
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