El promotor de una gran urbanizaciónen Villanueva de Gómez (Ávila) y responsable de la empresa Inveralde, Luis Ángel Ilarraza, ha afirmado que la paralización de ese proyecto que incluía hace más de una década la construcción de 7.500 viviendas, supuso un "perjuicio económico incalculable a la empresa y a la región".
Ilarraza sí ha podido declarar este viernes por videoconferencia desde los juzgados de Logroño, después de que el jueves su delicado estado de salud obligara a suspender la vista oral en el Juzgado de lo Penal de Ávila.
Tras señalar que su estado de salud no le permitía tener "la lucidez mental lo suficientemente clara" para imbuirse en esos "temas" y que se encontraba "muy espeso", el promotor ha reconocido que la decisión de poner en marcha el proyecto fue suya.
Por ello, ha comentado que adquirió los terrenos que eran propiedad de la constructora La Favera, así como de varios vecinos entre los que figuraban los padres del entonces alcalde de este municipio de 140 habitantes, José Martín Llorente, que también ha prestado declaración en calidad de acusado.
En su declaración, el promotor ha afirmado que ha "delegado" buena parte de las decisiones adoptadas a otro de los acusados, Gonzalo Bartolomé, director del proyecto y que según ha dicho, realizaba las funciones de "puente con las demás empresas".
Asimismo, ha reconocido haberse reunido en varias ocasiones con el alcalde para, entre otras cosas, "explicar las motivaciones" de un proyecto que, además, incluía tres campos de golf, un edificio para uso como club y hotel, un centro hípico, varias balsas de agua y una estación depuradora de aguas residuales.
Después de negar que diera órdenes para que parte de los viales se realizaran en suelo protegido, ha señalado que la paralización del proyecto en 2009, después de un año y nueve meses de trabajos, supuso "un perjuicio incalculable para la empresa y para la región".
En este sentido, ha añadido que esa decisión judicial, que posteriormente ha sido ratificada por diferentes tribunales, supuso la "paralización de numerosos contratos laborales que hubo que rescindir".
Por su parte, el alcalde de Villanueva de Gómez en aquel momento, José Martín Llorente, ha declarado que este proyecto fue una "iniciativa privada" y que él mismo firmó una licencia de obras para seis sectores, cuando según la fiscalía el informe señalaba que "sólo era para el sector tres".
Además, el ministerio público le ha preguntado los motivos por los que firmó la licencia de obras el 1 de febrero de 2006, cuando el informe solicitado a la Diputación provincial tenía como fecha de salida de registro el día 3 de febrero y de llegada al Consistorio el 14 de febrero, 13 días después de su firma.
Tras reiterar la fiscalía que en ese informe sólo se hacía referencia a un sector y no a seis, el exalcalde se ha limitado a señalar que en dicho informe no decía que no se pudiera realizar y que el pleno abordó este asunto.
Por otra parte, ha señalado que durante el año y nueve meses que se prolongaron las obras "nadie dijo que se pararan" y durante el periodo de exposición pública nadie planteó alegaciones a un proyecto del que tenía conocimiento la Junta de Castilla y León.
El tercero de los acusados, el ingeniero de Caminos y autor del proyecto, Raúl García, ha señalado que las negociaciones fueron realizadas con Gonzalo Bartolomé, director del proyecto.
En su intervención, muy minuciosa y extensa, ha admitido que "una parte del vial de perimetración iba por suelos protegidos" y que la comisión Territorial de Medio Ambiente concedió la Declaración de Impacto Ambiental.
Por su parte, Gonzalo Bartolomé, director de Desarrollo de Inveralde, ha apuntado que la licencia fue pedida para el proyecto de sistemas generales de todos los sectores e incluía los viales de penetración en suelo protegido, ya que el proyecto incluía todos los viales.
Asimismo, ha apuntado que la modificación puntual de las Normas Subsidiarias permitía realizar los viales de penetración atravesando zona protegida, donde estaba previsto realizar los campos de golf.
Según ha explicado, los trabajos se paralizaron el mismo día que recibieron la comunicación del Juzgado de lo Contencioso de Ávila, cuando ya se había ejecutado el 70 por ciento del proyecto de sistemas generales.
Bartolomé ha asegurado que las obras se ejecutaron conforme a la licencia municipal y al proyecto presentado.
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