La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (UFECIC) acusó ese lunes a 16 personas por irregularidades en el otorgamiento de la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, informó una fuente oficial.
Entre los acusados figuran el exviceministro hondureño de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano, y un ejecutivo de la empresa hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Olivia Zúniga, diputada opositora e hija de la ambientalista asesinada, dijo este lunes que la acusación sobre irregularidades en la concesión del proyecto hidroeléctrico al que se oponía su madre da la razón a las víctimas.
"Creemos que este informe nos sigue dando la razón a las víctimas y hemos exigido castigo a los autores intelectuales", dijo Zúñiga en declaraciones a medios locales de prensa.
"Tenemos esperanza en que algún día habrá justicia para Berta Cáceres, para el pueblo lenca, para el río Gualcarque y los bosques", enfatizó la hija de la fallecida.
Todos los procesados están acusados de delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.
El caso, denominado "Fraude sobre el Gualcarque", fue investigado por la Ufecic y expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), dijo en rueda de prensa Ana María Calderón, coordinadora de la división de Prevención de Combate a la Corrupción de la Misión.
Agregó que la Ufecic presentó ante la Corte Suprema de Justicia "evidencia de que 16 acusados habrían cometido diversos delitos contra la Administración Pública" para que la empresa Desa fuera "beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque".
Así como el contrato de suministro de potencia y energía, y otro de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, este último conocido como "Agua Zarca", al que la ambientalista se oponía al considerar que causaba daños al medioambiente.
Para la Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), el caso es "paradigmático" y surgió como consecuencia de las "más de 40 denuncias" presentadas ante el Ministerio Público por la ambientalista Berta Cáceres sobre supuestas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad de étnia lenca, añadió.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a que contaba con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las constantes amenazas que recibía. Por su crimen, la Justicia hondureña condenó en noviembre de 2018 a siete personas de ese país.
La investigación ha sido una "tarea de hormiga" de los expertos de la Ufecic y la Maccih, señaló Calderón, quien dijo que la empresa Desa fue creada el 20 de mayo de 2009 por los hermanos Roberto Antonio y Geovanny Isidro Abate Ponce con un capital de 25.000 lempiras (unos 1.016 dólares).
Agregó que el expresidente ejecutivo de Desa, Roberto David Castillo, desde 2009 era "representante de facto" de la compañía y, además, fue asistente técnico de gerencia de la ENEE.
El contrato entre la ENEE y Desa se suscribió sin que se "verificase que DESA no estaba inscrita en el registro de proveedores y contratistas del Estado", violentando así la Ley de Contratación del Estado, y que "no tenía las capacidades, la experiencia y el capital" para desarrollar el proyecto.
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