10-03-2019 / 12:10 h EFE

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado investigar la difusión de un informe que circuló entre militares de la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), por lo que ha anulado un auto dictado por el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid que, en mayo de 2018, acordó el sobreseimiento definitivo y total de las actuaciones.

La sentencia, que estima el recurso presentado por una cabo, ordena al citado Tribunal Militar devolver la causa al Juzgado Togado Militar correspondiente "para que continúe la instrucción del presente sumario conforme a Derecho".

El auto recurrido por la cabo recogía en sus antecedentes de hecho que otro militar de esa misma graduación perteneciente a la Escuadrilla de Policía de la citada Base Aérea exhibió a una soldado en un ordenador portátil un escrito cuyo autor sería un oficial y que había sido creado en julio de 2013.

Ese documento habría sido guardado con un nombre cuya identificación correspondía a la dirección de correo del cabo que lo mostró en un ordenador portátil.

El texto sufrió hasta 66 modificaciones hasta legar a la fecha de 20 de junio de 2015, añadía el auto, y el mismo contenía información acerca de varios miembros de la mencionada Escuadrilla, entre ellos, la propia soldado referida y la cabo ahora apelante contra el auto de archivo.

Esta, que había sido informada por la soldado del citado documento, se lo pidió al cabo, quien se lo envió por email en el mes de julio siguiente.

La resolución del Tribunal Militar recogía así mismo que este, cuando declaró en sede judicial, se atribuyó la confección del documento y que se había inventado y afirmado que el oficial estaba en los servicios de contrainteligencia.

Además, reveló que hizo esa afirmación para evitar que la cabo apelante denunciara a la Oficina de Apoyo al Personal de las Fuerzas Armadas (OFAP) por no colocar en sus dependencias un tablón de anuncios específico de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

El tribunal castrense acordó el sobreseimiento definitivo del caso tras señalar que no constaba que los documentos "hayan sido vistos impresos, ni hayan tenido ninguna otra difusión".

Ahora, el Alto Tribunal ordena reabrir el caso y practicar las pruebas precisas para el esclarecimiento de los hechos, en especial, todo lo relacionado con la identidad del autor de los textos, de qué ordenador procedían y determinar qué información era cierta y qué otro no lo era.

Además, expone que de lo actuado se deducen indicios que podrían apuntar a la comisión de varios delitos, como el de descubrimiento y revelación de secretos.

 
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