29-03-2019 / 16:40 h EFE

El salario social básico debe reformularse para, sin perder su esencia, ganar en eficacia y eficiencia, mientras que los programas sociales dirigidos a combatir la pobreza y la desigualdad deben replantearse, incrementándose las cuantías y su duración.

Así se recoge en las conclusiones de la comisión especial de estudio sobre la situación de la pobreza y desigualdad social constituida en la Junta General del Principado, cuyo dictamen ha sido aprobado en el último pleno de la legislatura con el apoyo de todos los grupos, salvo el popular.

Su abstención fue justificada por Matías Rodríguez Feito en el hecho de que se trata de un dictamen "impreciso, inconcreto y francamente mejorable", que se había hecho de forma precipitada e interesada con el único objetivo de dar credibilidad a una cuestión "en la que sobra la demagogia", pero que no sirve para luchar contra la exclusión social.

La comisión promovida por IU en el seno del parlamento asturiano mantiene que la lucha contra la desigualdad debe ocupar "la primera línea de la agenda política" porque una sociedad cohesiona no puede entenderse si deja personas atrás.

Tras señalar que la falta de coordinación entre distintos ámbitos es uno de los principales déficits del sistema, el informe mantiene que una de las principales fortalezas de Asturias en la lucha contra la pobreza está en el papel que juega el tercer sector en el desarrollo de las políticas sociales ya que llega allí donde no lo hace la administración.

Asimismo reconoce que la crisis económica ha provocado un mercado de trabajo desigual en el que ha aparecido el fenómeno de los "trabajadores pobres" y en el que es preciso "repensarse las políticas activas de empleo" para conseguir una mejor inserción laboral.

El salario social, según el dictamen de esta comisión, también debe mejorarse con la personalización de las medidas de incorporación sociolaboral y la incorporación de más recursos humanos que permitan atender adecuadamente el incremento del número de usuarios de esta prestación.

Es preciso huir, según estas conclusiones, "del modelo asistencialista y de parches de distintas prestaciones", como la pobreza energética o infantil, para profundizar en nuevas posibilidades de acción, de modo que los servicios sociales dejen de ser una especie de cajón de sastre.

Reclama además la implantación de un sistema de garantía de ingresos para las personas con un enfoque de inclusión social, mejoras en la colaboración entre servicios de empleo, servicios sociales y educación, y una atención especial a los mayores y "al fenómenos de la soledad como el gran mal del tiempo presente".

Para hacer frente a esta última cuestión, señala que es imprescindible promover programas de envejecimiento activo a través de conciertos estables con el movimiento asociativo de mayores y el desarrollo de proyectos intergeneracionales.

Entre otras acciones, también apuesta por una escuela inclusiva, por la lucha contra el despilfarro y el desperdicio alimenticio, por la mejora de los servicios en la zona rural y por medidas que garanticen el acceso a la vivienda entre las actuaciones que hay que afrontar para afrontar el fenómeno de la pobreza.

El dictamen incide en la necesidad de cambiar el modelo actual, que trata de paliar sólo las consecuencias de la pobreza desde una perspectiva exclusivamente social, de acometer estudios sobre la desigualdad y la exclusión basados en datos objetivables y de abordar una estrategia integral que implique a las distintas esferas de la administración.

En el ámbito laboral, reclama también una reforma del mercado de trabajo y de los mecanismos de protección para garantizar ingresos dignos y, en el ámbito de los servicios sociales, apuesta por superar la perspectiva asistencialista y enfocar las políticas públicas desde una perspectiva de derechos.

Este estudio también reclama la elaboración de un censo de personas que viven solas y el desarrollo de planes que mitiguen la pobreza energética entre este colectivo por ser especialmente vulnerable.

 
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