02-04-2019 / 16:51 h EFE

El presunto traficante de marihuana y blanqueador de dinero conocido como el Karateka ha protagonizado este martes un incidente en la Audiencia Provincial de Murcia al enfrentarse a la fiscal antidroga cuando ha pedido la prrroga de la prisin provisional acordada hace unos dos aos tras su detencin.

Lo ha cortado de raz el presidente de la sala, el magistrado Abdn Daz, cuando el procesado ha negado a voz en grito que fuese el poseedor real de las 12 casas repartidas por la regin de Murcia en las que la Polica se incaut de 281 kilos de marihuana y de ms de 300.000 euros en metlico, dinero procedente segn l de un prstamo que le haban hecho para montar una empresa de cobros.

Ha pedido luego disculpas al hacer uso de su derecho a la ltima palabra y ha negado que el arsenal de armas y municiones hallado en uno de esos domicilios, por el que tambin est procesado, fuese suyo.

Tambin ha desmentido las afirmaciones de la fiscal, Maribel Neira, que le atribuye un sofisticado entramado de dispositivos de seguridad en una casa para controlar los movimientos en torno a ella.

Para el procesado, a nadie se le habra ocurrido hacer eso de haber tenido relacin con ese domicilio, situado frente a su casa en la pedana murciana de Aljucer, y solo se limit a instalar una cmara de seguridad en esta ltima por la ola de robos que se haba producido en la zona.

Ha criticado en varias ocasiones a la fiscal por oponerse a la prctica de las pruebas que a lo largo de los dos aos que lleva en prisin han presentado sus abogados para acreditar su inocencia.

Al negar que liderara ninguna organizacin criminal, ha indicado que en entre los nmeros de telfono de su mvil no figuraba ninguno de los dems investigados por los mismos hechos.

Ha negado que est tras las amenazas que un testigo protegido y otras personas aseguran que han recibido como intimidacin.

Para la fiscal, en el Karateka coinciden todas las circunstancias personales que aconsejan que siga en prisin ms tiempo, como riesgo de fuga, historial delictivo y gravedad de los hechos por los que est procesado, por lo que se ha opuesto a que la abandone previo pago de fianza, por elevada que esta fuera.

En la vista, su defensa y la de otros 8 implicados en la conocida como operacin Pitn, se han opuesto a esa prrroga, aunque la fiscal ha explicado que no se opondra a la salida bajo fianza y con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la personacin peridica en los juzgados para quienes no ocupaban puestos elevados en la presunta organizacin criminal.

 
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