09-04-2019 / 8:50: h EFE

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha confirmado la sentencia de un Juzgado que declaró improcedente el despido de un sindicalista que fue acordado por la empresa en la que presta sus servicios por haberle enviado escritos en los que la acusaba de "robar" a los trabajadores.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el afectado presentó contra aquella sentencia y en la que pidió que el despido fuese declarado nulo, lo que habría supuesto, en el caso de ser estimado, que la empresa quedara obligada a readmitirlo, sin opción a ser indemnizado.

Así mismo, pidió que se condenara a aquella a pagarle una indemnización de 6.000 euros por los daños y perjuicios sufridos.

Al desestimar el recurso, la Sala confirma la resolución combatida, que condenó a la demandada a readmitir a este trabajador o a pagarle una indemnización de 15.500 euros.

El relato de hechos probados recogidos por el Juzgado de lo Social de Murcia al que correspondió la demanda señalaba que el demandante, que pertenecía al sindicato CSIF, había enviado diversos mensajes a la empresa en la que criticaba con dureza lo que calificaba de "robo" a los trabajadores y de estar bien asesorada para desarrollar actuaciones que consideraba igualmente contrarias a los intereses de los mismos.

Igualmente, tachó a las secciones sindicales de CC.OO . y UGT de actuar como comparsas de la empresa para todo tipo de trabajo "sucio".

La demandada acordó el despido disciplinario de este empleado al considerar que sus acusaciones eran inadmisibles y que tenían tal gravedad que justificaban plenamente la medida acordada del cese de la relación laboral.

La Sala, como hizo en su día el Juzgado, discrepa de esa valoración, y declara que el despido debe considerarse improcedente.

Pero, por otra parte, también rechaza las alegaciones del apelante, que pidió que el despido fuese considerado nulo al considerar que era fruto de una represalia de la empresa.

El TSJ rechaza que se hubiera producido esa situación, y comenta que "la empresa no lo despidió como represalia alguna ni por lo que dijo ni por lo que hizo, representando esto último por las múltiples denuncias que presentó ante la Inspección de Trabajo, entre otros organismos, ninguna de las cuales ha originado condena judicial a la demandada".

En cuanto a las dos actas que sí levantó la Inspección de Trabajo, la Sala de lo Social dice que "no hay constancia de que ello haya motivado en la empresa ningún ánimo de represalia contra el trabajador".

 
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