Un tribunal saudí pospuso hoy sin fecha la sesión judicial contra destacados activistas feministas arrestados desde el pasado mayo en Arabia Saudí, decisión que llega días después de que las autoridades realizaran nuevos arrestos, informaron fuentes familiares y ONG.
"El juicio ha sido pospuesto. El tribunal nos ha pedido regresar mañana para saber cuándo será la siguiente sesión y la razón por la que han pospuesto el juicio", indicó en Twitter Walid al Hathloul, hermano de Loujain Al Hathloul, una de las feministas arrestadas.
La ONG saudí ALQST, con sede en Londres y que lucha por los derechos humanos en el reino saudí, confirmó que el juicio contra las defensores "no tuvo lugar hoy por razones que no son conocidas".
Entre los acusados más conocidos se encuentran Loujain al Hathloul, Abdulá al Hamid y Nasima al Sad, candidatos al premio Nobel de la Paz de este año.
Hasta el momento, el Tribunal Penal de Riad, que las juzga en primera instancia, no se ha pronunciado al respecto.
El pasado 13 de marzo comenzó el juicio contra las activistas, acusadas por la Fiscalía saudí de "delitos cibernéticos" y de "actividad coordinada y acción organizada para socavar la seguridad, la estabilidad del reino y su paz social y dañar su unidad nacional".
Quince días después, en una nueva sesión del proceso, el Tribunal Penal de Riad dictó libertad provisional para tres de las activistas de derechos humanos detenidas.
Las feministas liberadas, Rokaya al Muhareb, Aziza al Youssef y Eman al Nafjan, tendrán que asistir a las sesiones del juicio "hasta que se emita la sentencia final", afirmó en un comunicado la corte.
El pasado día 5 las autoridades saudíes detuvieron a más activistas en una nueva ola de arrestos de los defensores de derechos humanos que se encuentran dentro del país "por apoyar los derechos de las mujeres", entre otros motivos.
El 7 de marzo, los 28 países de la Unión Europea y otros ocho Gobiernos condenaron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la detención de activistas de derechos humanos en Arabia Saudí.
Se trata de la primera condena colectiva contra el reino saudí desde el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos en 2006.
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