La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco llamó este jueves a acudir a las fiestas religiosas de la Semana Santa en Nicaragua para conmemorar el primer aniversario de la "insurrección cívica" contra el presidente Daniel Ortega, ante la prohibición policial de realizar una manifestación multitudinaria.
La Unidad invitó a los nicaragüenses a "acudir a las fiestas religiosas y hacer piquetes express" para mostrar el rechazo al Gobierno de Ortega, un año después del estallido social del 18 de abril de 2018.
En pequeñas ciudades de la zona Pacífico y norte, así como en algunas parroquias de Managua, los fieles católicos respondieron de inmediato al llamamiento opositor alzando la bandera nacional y gritando consignas como "¡Viva Nicaragua Libre!", "¡Justicia!" o "¡Libertad para los presos políticos!".
Las fiestas religiosas de este Jueves Santo son frecuentes en Nicaragua, un país donde predomina el cristianismo.
En otros lugares los manifestantes lanzaron papelillos con los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua y en las redes sociales colgaron fotografías de las primeras agresiones de grupos de choque oficialistas atacando a los autoconvocados.
Los principales periódicos locales destacaron la rebelión en sus portadas. La Prensa publicó dos fotografías dominantes con el título "Un año de represión y resistencia", mientras que El Nuevo Diario tituló "Nicaragua, un año en shock".
La tranquilidad de este jueves contrasta con los momentos de tensión vividos el miércoles cuando contingentes de policías armados inundaron varias zonas de Managua en las que se esperaba que se reunieran grupos de opositores para participar en una gran manifestación antigubernamental, que finalmente no se llevó a cabo.
La oposición denunció la detención de 67 personas, incluido un periodista, cuando iban a unirse a la marcha, pero la Policía lo negó y solo indicó que "15 personas fueron notificadas y trasladadas inmediatamente a sus casas de habitación donde fueron recibidas por sus familiares".
Como ha ocurrido en otras ocasiones, la Policía ya había dicho que no autorizaba la manifestación opositora del miércoles con el argumento de que sus promotores han estado involucrados "en las graves alteraciones al orden público".
La crisis que estalló hace doce meses ha dejado 325 muertos en Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios locales hablan de hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199.
También habría entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de crímenes de "lesa humanidad".
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