06-05-2019 / 13:00 h EFE

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó hoy que Jordania tenía la obligación de detener en 2017 al expresidente de Sudán Omar al Bashir, sobre el que pesan dos órdenes de arresto, pero rectificó la remisión de ese país al Consejo de Seguridad de la ONU por no obedecer al tribunal.

Una Sala de Apelaciones de la CPI rechazó de forma unánime que el derecho consuetudinario, es decir, la costumbre de otorgar inmunidad diplomática a los jefes de Estado que están de visita oficial en el extranjero, justificase la no detención de Al Bashir, tal y como había argumentado Jordania.

No obstante, los jueces concluyeron por tres votos a dos que la remisión de este país al Consejo de Seguridad de la ONU por no detener al expresidente de Sudán cuando acudió a su capital para una cumbre de la Liga Árabe, tal y como decidió una Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI en 2017, fue errónea.

La decisión en primera instancia fue equivocada porque entendió como definitiva una nota verbal de Jordania, emitida en el momento de la polémica, en la que sus autoridades declararon su intención de no arrestar a Al Bashir por su condición como Jefe de Estado.

Dicha nota verbal fue una "indicación o intención discernible de establecer consultas" con el tribunal para aclarar el estatus legal del entonces presidente de Sudán que "no debe ser ignorada", dijo el juez presidente de la CPI Chile Eboe-Osuji, que leyó la decisión judicial.

Los magistrados añadieron que Sudáfrica, otro Estado Parte del tribunal, tampoco fue remitida al Consejo de Seguridad de la ONU a pesar de que vivió otra situación similar, pues sus autoridades no detuvieron a Al Bashir cuando visitó Johannesburgo en 2015 para asistir a una cumbre de la Unión Africana.

Sobre Al Bashir pesan dos órdenes de arresto internacionales por cargos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad por supuestos ataques del Ejército y de algunas milicias contra la población civil de Darfur, al oeste de Sudán, entre 2003 y 2008.

Tras casi tres décadas en el poder, fue derrocado el pasado 11 de abril en un golpe de Estado por parte de los militares, después de cuatro meses de protestas ciudadanas contra su Gobierno.

Las autoridades de Sudán ya han anunciado que, de momento, no tienen intención de enviar a Al Bashir a La Haya para que sea juzgado.

 
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