El Gobierno de Nicaragua condicionó este lunes continuar las negociaciones con las que esperan superar la crisis que estalló hace un año a que su contraparte de la oposición acepte hacer una petición conjunta a la comunidad internacional a suspender eventuales sanciones contra este país centroamericano.
"Es un punto esencial y medular que debemos realmente tomar acuerdos sobre ello antes de entrar y de continuar debatiendo otros puntos y otros temas que están en los puntos de agenda de ambas delegaciones", dijo a periodistas el ministro nicaragüense de Exteriores, Denis Moncada, al salir de un encuentro con la oposición.
Moncada, jefe de la delegación del Gobierno en negociación, precisó que están "insistiendo en la suspensión y el cese de las medidas unilaterales, ilegales, injustas de la Nica Act, que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación".
El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que establece restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando la financiación de proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.
La "Nica Act" sería suspendida solo si el Ejecutivo de Daniel Ortega convoca elecciones "libres, justas y transparentes", de acuerdo con el texto de la legislación.
"Vamos a seguir insistiendo en que la delegación de la Alianza (Cívica) acuerde y logre consensos sobre este punto", continuó el canciller nicaragüense.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia instó este lunes al Gobierno de Nicaragua a levantar primero "las brutales sanciones sobre la población", en referencia a la prohibición de libertad de expresión, la libre movilización y la liberación de los "presos políticos".
La petición de la oposición se trata de una réplica a la insistencia del Ejecutivo en su petición a la Alianza de que solicite a la comunidad internacional que se abstenga de aplicar sanciones económicas a Nicaragua.
La Alianza alega que no puede pedir a la comunidad internacional que suspenda las sanciones mientras el Gobierno no cumpla los acuerdos, hasta ahora referidos a la liberación de los denominados presos políticos y el restablecimiento de derechos y garantías ciudadanas.
Sobre Nicaragua penden más sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.
Además, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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