09-05-2019 / 13:15 h EFE

La reconstrucción de las viviendas de Lorca que fueron derribadas tras los terremotos del año 2011 está culminada casi al cien por cien cuando se cumplen ocho años de la catástrofe, un período en el que han sido reedificados 64 bloques de pisos con 1.326 viviendas.

Lo ha dicho este jueves el alcalde, Fulgencio Gil, que ha asegurado que en estos días se ultima la reconstrucción de los tres últimos edificios y que ha señalado que además de los inmuebles colectivos se han vuelto a levantar 99 casas unifamiliares que también tuvieron que ser demolidas.

El octavo aniversario de los seísmos se cumple este sábado y el alcalde ha manifestado que la reconstrucción total de las viviendas concluirá este año, en el que se ha logrado uno de los principales "hitos" del proceso, que ha sido la culminación de la reconstrucción del barrio de San Fernando, que fue derribado íntegramente con 232 viviendas.

Las primeras 35 familias han regresado a sus hogares en las dos últimas semanas y otras 60 ya están realizando la mudanza para regresar a casa ocho años después de la catástrofe, que causó nueve muertes, 324 heridos y más de 1.200 millones de euros en daños.

"Tras cada vivienda hay una familia", ha dicho Gil para ejemplificar la magnitud de aquella tragedia de la que la ciudad prácticamente se ha recuperado, también en el ámbito del patrimonio histórico ya que la práctica totalidad de los monumentos que resultaron dañados han sido restaurados en estos ocho años.

Sobre el conflicto generado en 2017 cuando se inició el proceso de justificación del uso dado a las ayudas públicas para la reparación de viviendas dañadas, ha señalado que la Ley 8/2018 de ayudas a Lorca aprobada "ad hoc" por la Asamblea Regional ha servido para resolver la mayor parte de los litigios, en los que se vieron afectadas 3.500 familias que percibieron subvenciones y que tenían dificultades para justificar el uso dado al dinero por el tiempo trascurrido.

Gil ha dicho que esa ley ha sido "un instrumento vital" para "desatascar una problemática enorme" relacionada con la tramitación burocrática de los expedientes y su posible prescripción y se ha referido a que la norma permitirá resolver el 80 por ciento de los casos.

Quedan pendientes los expedientes de los damnificados que percibieron ayudas públicas y también indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que son los que presentan mayor complejidad.

 
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