Un fiscal argentino pidió este miércoles que no se aplace el inicio del primer juicio por presunta corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), previsto para el próximo martes, después de que el Supremo aceptase ayer que se revise el expediente, lo que puede demorar el comienzo.
En la tarde de ayer, la Corte Suprema de Justicia informó de que ha pedido al Tribunal Oral Federal 2 el cuerpo principal de la causa -en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública- para determinar si existen errores procesales en el expediente.
Esto ocurre tras una petición formulada por la expresidenta y actual senadora y puede demorar el comienzo de la vista, que ya tenía que haber empezado el pasado 26 de febrero y se postergó al 21 de mayo por problemas de salud de Jorge Alberto Tassara, uno de los jueces que integraban el tribunal, quien acabó falleciendo en marzo.
Según informaron fuentes jurídicas, Diego Luciani, titular de la Fiscalía General 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, señaló en un dictamen que pedirá al juzgado competente que solicite a la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que el 21 de mayo debe dar inicio a la vista oral-, "se sirva proceder a la devolución de las actuaciones con antelación suficiente".
El fiscal recuerda que "en caso de que ese tiempo sea insuficiente para realizar su compulsa y/o para extraer copias de las piezas procesales", se sepa que las "actuaciones" judiciales han sido "en su totalidad digitalizadas para agilizar la tarea de todos los operadores judiciales y de las partes".
"Peticiono que se pongan a disposición del Alto Tribunal las copias digitales para que continúe con el análisis y estudio que entienda necesario efectuar, y devuelva los autos principales para llevar a cabo el juicio oral y público previsto para el día 21 de mayo del corriente año a las 12:00 horas", cuando está previsto que comience el juicio.
En varios dictámenes efectuados en el marco de la causa, Luciani recuerda que ya ha puesto de manifiesto "la importancia de conjugar esfuerzos con la finalidad de que se realice el juicio oral y público y se logre adoptar una decisión que, por un lado, ponga fin a la incertidumbre que, para las personas que resultan imputadas, genera la existencia del proceso penal".
"Y que, por el otro, se arribe a un pronunciamiento judicial sobre los graves hechos de corrupción que constituyen la base fáctica del presente expediente", concluye.
Este nuevo posible aplazamiento ha generado fuerte polémica en el país, al considerar que profundiza en la impunidad en medio de un año electoral.
"Que no haya impunidad. Lo que todos queremos es eso, es trabajo y no impunidad", expresó el presidente, Mauricio Macri, en un acto, en el que no se refirió directamente a su antecesora.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que la decisión de revisar el cuerpo principal de la causa es "un fallo muy inusual con un condimento político muy grande".
Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la decisión de la Corte Suprema "genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar".
En la causa -una de las más de diez en las que está procesada Fernández- se investiga el supuesto amaño en las adjudicaciones, durante el kirchnerismo (2003-2015) para la construcción de carreteras en la provincia patagónica de Santa Cruz, de la que el marido de Fernández, Nestor Kirchner, fue gobernador entre 1991 y 2003.
En concreto, la presunto adjudicación de obras públicas a la compañía del empresario Lázaro Báez -ya en prisión desde 2016-, por la firma de 52 contratos por un valor actualizado de 46.000 millones de pesos (unos 1.021 millones de dólares).
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