El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (Cermi), junto a sus entidades, ha hecho pública su impugnación a la normativa de acreditación aprobada por el Gobierno de Cantabria y publicada el pasado 14 de marzo.
Cermi Cantabria ha consignado de forma oficial su rechazo a una normativa que ha sido, según señala en una nota de prensa, publicada sin consenso y sin acuerdo alguno con el sector y que deja a las entidades sociales ante un escenario de futuro "muy complejo".
Para Cermi, el objetivo es que la administración y el ICASS reflexionen sobre la situación y resuelvan de inmediato lo que consideran "un agravio" para las entidades sociales de la discapacidad.
A su juicio, una vez que se ha hecho público el contenido de la norma se constata el planteamiento de determinadas exigencias que confirman la "preocupación máxima" de las entidades de cara a su sostenibilidad.
Además, ha recordado que, en marzo de 2018, Cermi Cantabria denunció la paralización del desarrollo de la propuesta de normativa que se estaba trabajando de forma conjunta, a la vez que expresaba su alarma ante la consolidación de los recortes en servicios sociales para las personas con discapacidad.
En su momento, Cermi determinaba que era preciso elaborar una normativa específica para la autorización y acreditación de servicios sociales destinados a la atención de personas con discapacidad en Cantabria, junto con una memoria económica que recoja de modo objetivo y real una estructura ordenada de costes de los servicios.
"Durante las últimas legislaturas, se ha trabajado intensamente en coordinación con los diferentes gobiernos, hasta que se produce la paralización en el trabajo conjunto en 2018 y que se ha saldado con esta publicación por sorpresa", ha asegurado.
Desde CERMI Cantabria insisten en la "necesidad" de contar con un pacto político global, que permita resolver este tema de forma ordenada y planificada hacia el futuro, con objeto de dar coherencia entre la calidad de la atención y los recursos aplicados, manteniendo para ello un modelo normativo estable y progresivo.
Por último, han recordado que la normativa "tiene que ser consecuente" con el modelo económico que la sustente, y que las entidades no pueden seguir cofinanciando unas plazas, que son de responsabilidad del Gobierno, haciendo peligrar su sostenibilidad.
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