17-05-2019 / 19:59 h EFE

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha desestimado el recurso que tres federaciones de enseanza concertada y catlica presentaron el pasado mes de noviembre contra un artculo del decreto del Gobierno valenciano que desarrolla la denominada ley Trans.

Segn la Seccin Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la medida que obliga a los centros educativos concertados a aplicar un protocolo para la atencin a la identidad de gnero de los alumnos "no vulnera los derechos fundamentales a la igualdad o a la libertad de enseanza, ideolgica ni religiosa".

El TSJCV informa de que los recurrentes -la Federacin de Centros de Enseanza de Valencia, la Federacin Catlica de Padres de Alumnos de Valencia y la Federacin Espaola de Religiosos de Enseanza-Centro Catlicos de la Comunitat- solicitaban la nulidad del artculo 29 del Decreto 102/2018 de 27 de julio del Consell.

Ese decreto desarrolla la Ley 8/2017 Integral del Reconocimiento del Derecho de la Identidad y a la Expresin de Gnero en la Comunitat Valenciana.

Ese artculo establece que el protocolo de atencin educativa a la identidad de gnero que apruebe la Conselleria competente en materia educativa "ser de obligado cumplimiento para todos los centros sostenidos con fondos pblicos".

Respecto a los centros privados que no reciben financiacin pblica, el precepto estipula que debern regirse por sus propias normativas, aunque stas han de cumplir las garantas recogidas en el artculo 22 de la citada Ley 8/2017; en el caso de no disponer de una normativa propia, esos centros debern regirse por el protocolo que apruebe el Consell, segn el TSJCV.

La Sala ha inadmitido todas las alegaciones del recurso referidas a la legalidad ordinaria del decreto, pues no guardan relacin con la tutela de derechos fundamentales que se somete a examen en este procedimiento especial.

Adems, en los fundamentos jurdicos de la resolucin, los magistrados advierten de que no concurren los presupuestos legales para plantear una cuestin de inconstitucionalidad contra tres artculos de la Ley 8/2017, como pedan los recurrentes.

En relacin al asunto, el tribunal considera que el artculo del decreto objeto de impugnacin no vulnera el derecho a la igualdad por el hecho de establecer una diferencia entre los centros educativos privados y los centros privados concertados.

"Dichas situaciones no son objetivamente iguales", segn la resolucin, y adems "la diferencia de trato entre unos centros y otros no se sita en la consecuencia jurdica derivada de la implementacin de las garanta que la Ley establece", sino en el cauce por el que han de hacerse efectivas esas garantas legales.

El TSJCV entiende que el artculo 29 Decreto 102/2018 no cercena el derecho de los centros concertados a la libertad de creacin y a tener su propio ideario educativo, pues el mbito de ese derecho constitucional "tiene lmites y uno de ellos es, precisamente, el respecto a los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales".

En esta lnea, la Sala recuerda que no existe un derecho potencial de estos centros a tener un ideario propio contrario al derecho de igualdad o que contenga "pautas que no respeten las identidades o expresiones de gnero que se dan en el mbito educativo y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado de acuerdo con su identidad".

Tras conocer esta resolucin judicial, el director general de Igualdad en la Diversidad, Jos de Lamo, ha mostrado su satisfaccin pues viene a reconocer el protocolo educativo de atencin a menores trans aprobado en la Ley de la Conselleria de Igualdad y Polticas Inclusivas de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresin de gnero.

De Lamo ha recordado que este viernes es el da internacional contra la LGTBIfobia y que el Consell ha aprobado una declaracin institucional por la que manifiesta su apoyo al colectivo LGTBI, al tiempo que ha destacado que se trata de una norma aprobada en Les Corts Valencianes sin ningn voto en contra.

En este sentido, se ha felicitado por la sentencia porque "reconoce los derechos de las personas trans y el reconocimiento a su identidad" en una sociedad que, a su juicio, "camina hacia la inclusin tanto por la va legal como por la va de la aceptacin y al propia inclusin".

La sentencia, que ha sido notificada este viernes a las partes y puede ser objeto de recurso, impone a las tres federaciones recurrentes las costas del procedimiento, hasta un mximo de 3.000 euros.

 
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