20-05-2019 / 18:21 h EFE

La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para la matriarca y siete componentes del conocido como clan de "los Chorizos", de Estepa, y cinco años para sus proveedores de droga, una pareja que operaba en Osuna, en un juicio que comenzará mañana en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla.

El Ministerio Público, a cuyo escrito de acusación ha tenido acceso Efe, pide cinco años de prisión para F.D.C.A. y T.F.F. por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño, así como el pago de una multa de 320.000 euros o tres meses de reclusión en caso de impago.

En cuanto a la matriarca del clan, C.J.R., y su pareja, R.I.E.M., la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para cada uno y el abono de una multa de 2.300 euros o un mes de privación de libertad si no la pagan.

La petición también es de cuatro años de prisión para los dos hijos de la matriarca que se encargaban de ir a Osuna a por la droga, S.T.J. y Q.N.J.; para otro hijo, J.M.T.J., y su pareja, P.M.V.; y para un cuarto hijo, C.N.J.

Cuatro años de cárcel reclama también el Ministerio Público para una hermana de la matriarca, M.T.J.R., quien, "además de auxiliar" a C.J.R. en la venta de estupefacientes, "se encargaba de la custodia de las sustancias" en su casa.

El caso tiene su origen en las "numerosas quejas" que hubo en Estepa después de que el clan de "los Chorizos" regresase a la localidad tras los incidentes del 2014, cuando varios vecinos llegaron a quemar las casas donde vivían los acusados y otros familiares, aunque luego fueron rehabilitadas por la Junta de Andalucía.

Los vecinos también informaron al Defensor del Pueblo Andaluz de que temían que el barrio se convirtiese de nuevo en escenario del tráfico y consumo de droga.

Varios guardias civiles de Estepa y Osuna empezaron entonces a vigilar el inmueble de la matriarca y los de sus hijos C.N.J. y J.M.T.J. y en febrero del 2017 advirtieron "un trasiego abundante de consumidores de estupefacientes" y "una venta constante" de esas sustancias "en la puerta" de las tres viviendas.

El 17 de febrero, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa autorizó la intervención de las comunicaciones entre los acusados y los agentes comprobaron que la pauta era "siempre la misma", de modo que S.T.J. y Q.N.J. se desplazaban "de forma diaria" a la barriada de La Paz, en Osuna, donde adquirían la droga a un "único proveedor".

La Guardia Civil también vio que la familia vendía las sustancias en una parcela en el Camino del Jarambel, en Estepa, y, previa autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad, el 15 de marzo entró en la vivienda de C.J.R., que contaba con "medidas de seguridad destinadas a impedir el acceso" policial.

Al registrar la casa, los agentes vieron que "junto al dormitorio de los hijos menores" había un "fumadero" en el que hallaron "numerosos recortes de papel aluminio y paquetillas ya consumidas".

La matriarca del clan ingresó en prisión provisional el 16 de marzo de 2017, aunque fue puesta en libertad un mes después, el 17 de abril, mientras que sus proveedores, T.F.F. y F.D.C.A., entraron en la cárcel el 31 de marzo y salieron el 25 de mayo y el 7 de julio, respectivamente.

 
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