El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes que ha iniciado la atención a las víctimas de la violencia por la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, decenas de miles de personas en el exilio y una economía en caída libre.
El ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, dijo en una comparecencia de prensa ante medios oficiales que han iniciado el "cumplimiento de las líneas emanadas de la Ley de Atención Integral a Víctimas, desde la Procuraduría de Derechos Humanos y sus distintas direcciones".
El objetivo, continuó, es "avanzar en los mandatos de cuidados esmerados y solidarios con las familias que sufrieron persecución, torturas, secuestros y pérdidas, tanto de seres querido, como de sus medios de trabajo y subsistencia".
No precisó el presupuesto que destinará el Estado a atender a las víctimas, cuyo número no ha sido especificado.
El miércoles pasado, el Congreso nicaragüense aprobó de urgencia esa ley, propuesta por el presidente del país, Daniel Ortega, que establece la creación de un Plan de Atención Integral (PAIV) en el que el Estado proporcionará ayuda y reparación para las víctimas y sus familiares.
Entre otros servicios, la normativa ofrece a las víctimas acceso a sanidad, educación, trabajo, vivienda y ocio.
El Estado también apoyará a los afectados a que recuperen sus medios de vidas y garantizará que puedan acceder a instalaciones deportivas, centros de ocio y todos los espacios públicos de forma gratuita.
Asimismo, las víctimas y sus familiares podrán optar a los programas de vivienda del Gobierno.
Corresponderá, según la ley, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos organizar y actualizar el registro de víctimas, así como el seguimiento a la atención brindada por todas las instituciones involucradas.
La norma ha sido criticada por diversos sectores porque no incluye el tema de justicia para las víctimas.
Por otro lado, el Gobierno sostuvo que están "avanzando" en crear todas las condiciones indispensables para excarcelar a más tardar el 18 de junio a todos los manifestantes antigubernamentales, calificados como presos políticos por la oposición, y en "continuar" recibiendo a quienes se marcharon al exilio "luego de la tragedia impuesta por el intento fallido de golpe de Estado", aunque sin precisar número.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra manifestantes y opositores.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el conflicto.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 593 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes", y denuncia un intento fallido de golpe de Estado.
Ortega, quien lleva más de doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis y tampoco las acusaciones de graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales.
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