La asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (PILTEX) ha organizado tres conferencias con prestigiosos abogados para estudiar las posibles demandas judiciales a emprender por la situación de "fraude de ley" en la que se encuentran 25.000 trabajadores públicos de la región.
Estos abogados están liderando a nivel nacional la lucha por la estabilidad y la fijeza de los empleados en fraude de ley, ha informado la asociación en un comunicado.
Con ello quieren ofrecer a sus asociados y al resto de entidades que conforman la plataforma regional de empleados en fraude de ley, información sobre las medidas que se están tomando en el resto de comunidades autónomas.
Entre ellas, demandas colectivas a las administraciones públicas, lo que está provocando, según PILTEX, que muchas CCAA hayan paralizado las Ofertas de Empleo Público y los concursos de traslado hasta que se obtenga el pronunciamiento de la Unión Europea sobre el abuso de la temporalidad y el fraude de ley que España viene haciendo.
Esta asociación ha subrayado que España no aplica a sus empleados la Directiva 1999/70/CE, como si están haciendo ya el resto de países de la UE, según la asociación.
En palabras de la presidenta de PILTEX, Marisa González, hay mucha preocupación entre el colectivo, sobre todo desde la publicación del concurso de traslado de personal funcionario de la Junta de Extremadura, ya que se han visto desbordados.
Para ellos, "la última vía es la demanda", y creen que si la Administración tiene voluntad, puede dar solución a este problema, que no lo ha provocado el trabajador afectado.
La primera conferencia, 6 de junio, correrá a cargo del abogado del Estado en excedencia Javier Arauz de Robles, que está abanderando este problema en la Unión Europea.
A continuación, el día 13, contarán con la opinión de Manuel N. Martos (titular de Legalsegur y fundador de Anil), de los primeros en evidenciar este problema y en llevar a los juzgados numerosos casos.
El 20 de junio será el turno del representante del Gabinete Jurídico del Sindicato USO a nivel nacional, el único que ha asumido esta lucha como propia y que les ha abierto su estructura para todo lo que necesiten, según PILTEX.
Esta asociación ha precisado que los demás sindicatos les "vendieron" en el acuerdo que firmaron con el anterior Gobierno, al acceder en dejar la tasa de temporalidad por debajo del 8 %.
PILTEX ha afirmado que si se ven obligados a hacer como en otras CCAA, se produciría un gran número de demandas e incluso un colapso del sistema judicial, ya que se estima que alrededor de 25.000 trabajadores están afectados por el fraude de ley y abuso de temporalidad en las administraciones extremeñas.
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