Emplear de forma más eficiente y coherente los 38.100 millones de la Política de Cohesión para España en el periodo 2021-2027 es el objetivo de los representantes de la Comisión Europea (CE) y las autoridades españolas que este jueves iniciaron en Madrid la negociación sobre cómo invertir esos fondos.
Esta negociación pretende que los fondos europeos para la cohesión entre 2021 y 2027, que para España se incrementan un 5% con respecto al periodo presupuestario actual, no "deje desprotegida a ninguna persona en España", dijo la adjunta al director general de la dirección general de Empleo de la CE, Adriana Sukova.
"La inversión de los fondos tiene que favorecer el crecimiento sostenible y creación de empleo de calidad y afrontar nuevos retos como la automatización y digitalización industrial, la inteligencia artificial, la eficiencia energética y el cambio climático o la despoblación de determinadas áreas", dijo el director general adjunto de la dirección general de Política Regional y Urbana de la CE, Normunds Popens, que desea "que ninguna región se quede atrás".
España, que es el tercer principal beneficiario de la Política de Cohesión de la UE, "no es el mismo país de hace diez años", pero es "el paradigma perfecto de la disparidad" social y entre regiones, afirmó Sukova ante una nutrida representación de altos cargos de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos españoles.
"Estamos todos aquí", afirmó la directora general de Fondos de la UE del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero Fernández, quien afirmó que "un solo traje no puede encajar en todas las realidades", en alusión al marco inversor propuesto por Bruselas.
No obstante, consideró "un buen punto de partida para una buena negociación" los cinco objetivos de inversión señalados para España.
El primero se centra en la invertir en innovación y transformación económica, pues España está por debajo de la media de la UE en casi todas las regiones.
Por ello Bruselas quiere que los fondos vayan a incrementar la capacidad de innovación, digitalización de las industrias y de la administración pública, impulsar el crecimiento y la competitividad de las pymes y desarrollar las capacidades para una especialización inteligente, la transición industrial y el espíritu empresarial.
El segundo objetivo pasa por el desarrollo de una economía más verde y baja en carbono. Según la CE, España se enfrenta a retos medioambientales considerables en los ámbitos de la gestión de residuos y del agua.
Además, algunas zonas de España se encuentran entre las más vulnerables de Europa por la crisis climática, por ello necesitan grandes inversiones en eficiencia energética en todas las regiones españolas, especialmente en el parque de edificios.
El tercer objetivo consiste en mejorar la conectividad, pues aún persisten ciertos cuellos de botella en los sistemas de transporte, especialmente ferroviarios. La CE también considera en este punto preciso reducir la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales.
El cuarto foco inversor señalado para España pasa por los derechos sociales, ya que la tasa de desempleo se mantiene por encima del nivel anterior a la crisis. Igualmente, Bruselas señala como poco satisfactorios los resultados de los sistemas de educación y formación, y subraya que la proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo muy elevada (26,6% en 2017).
Y, por último, el quinto objetivo se centra en la cohesión territorial, donde la CE detecta desigualdades en la distribución de la población y la actividad económica en las zonas urbanas y áreas rurales afectadas por el envejecimiento y la despoblación.
A partir de hoy, Bruselas y Madrid abren una negociación que debe concluir a finales de 2020 con la firma de un marco estratégico a nivel nacional en el que fijen distintos programas en los que invertir los 38.100 millones de euros que corresponden a España en el próximo periodo presupuestario (2021-2027).
España ha recibido casi 190.000 millones de euros procedentes de la Política de Cohesión desde su ingreso en la UE.
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