Los ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) dieron este jueves a Bruselas el mandato para comenzar a negociar con Estados Unidos un acuerdo que facilite el acceso a las pruebas electrónicas en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal.
En una reunión en Luxemburgo, los responsables de Justicia pidieron también a la Comisión Europea que participe en las negociaciones en el Consejo de Europa sobre un segundo protocolo adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia.
El objetivo en ambos casos es "facilitar el acceso a las pruebas electrónicas, como correos electrónicos o documentos en la nube, que vayan a utilizarse en los procesos penales", según el Consejo de la UE (países).
La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, dijo en rueda de prensa que el futuro acuerdo con Estados Unidos "evitará potenciales conflictos".
Por su parte, la ministra rumana de Justicia, Ana Birchall, cuyo país preside la UE este semestre, recordó que muchos datos necesarios para localizar a los delincuentes "están almacenados en EE.UU. o por empresas estadounidenses", por lo que consideró de gran importancia celebrar un acuerdo con Washington.
Un pacto entre la UE y Estados Unidos garantizará el acceso a las pruebas electrónicas y pretende reducir de diez meses a diez días el plazo de presentación de los datos solicitados.
También ofrecería, según el Consejo, "garantías sólidas de protección de los derechos fundamentales".
En la actualidad, los proveedores de servicios basados en EE.UU. cooperan con las autoridades policiales europeas de forma voluntaria y no siempre se les permite, según la legislación estadounidense, facilitar directamente a las autoridades europeas los datos solicitados a raíz de solicitudes de acceso a pruebas electrónicas.
Tras el paso de hoy, se espera que la Comisión emprenda en breve las negociaciones con las autoridades estadounidenses.
En cuanto al segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, el objetivo es desarrollar un régimen de asistencia judicial mutua más eficaz y simplificado, que permita la cooperación directa con los proveedores de servicios de otros Estados partes en el Convenio.
En la actualidad son parte en el Convenio 63 países, incluidos 26 Estados miembros.
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