18-06-2019 / 13:32 h EFE

La Junta de Andalucía evaluará en un año la continuidad de los 1.838 procedimientos vigentes en la comunidad autónoma para iniciar una actividad, según ha destacado este martes el consejero de Economía, Rogelio Velasco.

Velasco ha presidido en Sevilla la constitución del grupo de expertos del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, cuyo objetivo central, ha remarcado, es reducir esta "cifra mareante" de procedimientos y que la intervención de la Junta en la actividad económica "sea más eficaz y más eficiente".

El consejero ha expuesto indicadores internacionales que evidencian la excesiva burocratización de las administraciones española y andaluza, a la vez que ha advertido de que los miles de trámites obligatorios encarecen los costes empresariales y merman las ganancias de productividad, lo que genera "costes espectaculares" y reduce la competitividad de Andalucía.

Ha citado, como ejemplo, el elevado coste y el largo plazo necesarios para conectarse al suministro eléctrico en España, cuando este servicio es gratuito y casi instantáneo en los países nórdicos.

Tanto el consejero como el presidente de la Agencia de Defensa de la Competencia, José Luis de Alcaraz, han enfatizado que esta agilización de los trámites administrativos no se debe de confundir con una desregulación o una rebaja de las exigencias legales, en especial, en el ámbito del medio ambiente.

"No abogamos por un Estado mínimo, sino por un Estado eficiente; los informes ambientales van a seguir existiendo, pero una cosa es que existan y otra que la administración tarde años en dar la respuesta", ha sentenciado Velasco.

Alcaraz, por su parte, ha matizado que "toda buena regulación debe de estar iluminada" por los principios de seguridad jurídica, interés general y protección de los usuarios y consumidores.

"No va a haber desregulación ni una liberalización total, sino una revisión de si la administración puede distorsionar la actividad económica", ha señalado.

Ha añadido que su departamento ya ha identificado 872 procedimientos vigentes en Andalucía susceptibles de ser eliminados o revisados y se ha comprometido a presentar después del verano las primeras recomendaciones para esta agilización administrativa.

"Queremos que Andalucía sea un territorio amable con las empresas y con una administración más eficiente, totalmente digital, y no una administración del siglo diecinueve", ha señalado.

Alcaraz ha apuntado como medidas a implementar que las autorizaciones previas para la actividad empresarial se sustituyan por "declaraciones responsables" de los promotores o que la verificación del cumplimiento de la legalidad se realice a posteriori y no antes de autorizarla.

Para ello, más que la derogación de leyes, como la de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), considerada por los empresarios como un de las más intervencionistas, el Plan para la Mejora de la Regulación Económica apuesta por eliminar "artículos, preceptos o requisitos".

"Vamos a remover la burrocracia, pero promocionando el control posterior y no anterior, para lo que hace falta dotar de medios a la Junta y a las corporaciones locales", ha concluido.

 
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