Seis políticos y empresarios de República Dominicana irán a juicio por el caso de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht reveló haber repartido en el país entre 2001 y 2014, según decidió este viernes un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Tras un juicio preliminar que se inició hace casi un año, el magistrado Francisco Ortega Polanco acogió, en parte, la acusación del Ministerio Público y envió a juicio al senador Tommy Galán, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y al exministro de Obras Públicas y miembro de esa organización Víctor Díaz Rúa.
Tomó la misma decisión para el expresidente del Senado Andrés Bautista García, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor); el también exsenador y miembro de esa formación Roberto Rodríguez y el abogado Conrado Pittaluga, a quien el Ministerio Público acusa de ser testaferro de Díaz Rúa.
Igualmente, para el empresario Ángel Rondón Rijo, a quien las autoridades señalan como el receptor y distribuidor de los 92 millones de dólares que la empresa admitió que pagó como sobornos en el país entre 2001 y 2014.
El juez ratificó la medida que pesa sobre los seis acusados de presentación periódica e impedimento de salida del país sin autorización judicial.
Por el contrario, dictó un auto de no ha lugar a favor de Jesús Vásquez Martínez, también del PRM, ya que, de acuerdo con el fallo leído tras casi cuatro horas de audiencia, no se encontraron pruebas suficientes que fundamenten la acusación en su contra.
Los seis imputados enviados a juicio afrontan cargos por soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En un comunicado, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, calificó de "correcta" y "justa" la decisión del juez Ortega Polanco que, en su opinión, marca "un hecho sin precedentes en la historia judicial dominicana".
"En los últimos veinte años este es el caso de corrupción de mayor magnitud que se ha investigado en la República Dominicana por la cantidad de imputados, el nivel de influencia de los mismos y por los montos involucrados", dijo.
La decisión, además, "demuestra que la acusación presentada por el Ministerio Público no era un mamotreto como alegaban los imputados, sino que es un expediente preparado de manera perfecta", señaló el jefe del Ministerio Público.
Respecto a Jesús Vásquez Martínez, que fue excluido del proceso, Rodríguez dijo que evaluarán el caso para decidir si corresponde apelar la decisión judicial.
En un principio, fueron acusadas catorce personas, entre ellas seis de los siete acusados en la actualidad. A todos se les impuso prisión preventiva, aunque luego salieron mediante recursos judiciales.
Luego, la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte un nuevo expediente acusatorio en contra de seis de esos catorce los acusados y agregó a la lista a Vásquez Martínez.
A la salida de la audiencia, varios de los imputados expresaron su rechazo por el dictamen del juez que, según manifestaron, no examinó las pruebas presentadas por ellos contra los alegatos del Ministerio Público.
"Lo único que hizo (Ortega Polanco) fue pegar el sello gomígrafo a la mentiras del Ministerio Público", declaró el expresidente del Senado Andrés Bautista, quien era presidente del PRM cuando hace dos años fue apresado por este caso.
La decisión "no ha sido más que una politiquería", dijo para agregar: "No podemos hablar de democracia si no hay justicia".
Por su lado, el exministro de Obras Públicas Díaz Rúa apuntó que no le sorprende la medida del juez, que tildó de "desastre", mientras que la defensa de Ángel Rondón, quien era representante comercial de la constructora Odebrecht en la República Dominicana, aseguró que la decisión "no tiene sustento jurídico".
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.
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