Un tribunal popular ha determinado que Francisco Javier M.B., el funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acusado de haber pedido dinero a varias mujeres por tramitar sus permisos de residencia en España, es culpable de un delito continuado de cohecho.
El veredicto, que los miembros del jurado han adoptado por siete votos a favor y dos en contra, se ha alcanzado tras apenas cuatro horas de deliberación.
El jurado considera probado, por lo tanto, que pidió, al menos a cuatro personas, un "regalito" para tramitar sus respectivas autorizaciones de residencia en España, aunque solo dos de ellas le habrían pagado entre 50 y 150 euros.
La Fiscalía ha rebajado de cuatro a tres años de cárcel la petición de condena para este funcionario y no ha aclarado los años que debería cumplir de inhabilitación especial para empleo o cargo público, fijados inicialmente en ocho.
El abogado de Francisco Javier M.B., tras conocer el veredicto de culpabilidad, ha pedido que su cliente sea condenado a dos años de prisión y, por lo tanto, no deba entrar en la cárcel al no tener antecedentes penales.
Fuentes consultadas por Efe han señalado que si el funcionario es inhabilitado por esta sentencia perderá su puesto de trabajo y, si quiere volver a ejercer una vez pasado el periodo de tiempo que se determine, deberá aprobar de nuevo la oposición.
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