26-06-2019 / 12:50 h EFE

Una mujer ha reclamado 300.000 euros a la Consejería de Salud del gobierno murciano al asegurar que una trabajadora social del Servicio de Atención al Usuario de un área de salud reveló a su pareja que nueve años antes, cuando todavía no se conocían, se había sometido a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En su reclamación, la afectada expuso que ese descubrimiento de un dato que pertenecía a su esfera personal y que solo conocían ella y sus padres, supuso una infracción de la Ley de Protección de Datos, cuyas consecuencias debían ser asumidas por la administración regional por la vía de la responsabilidad patrimonial.

El caso ha llegado a consulta del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que en un informe emitido a instancias de la Consejería de Salud, al que ha tenido acceso Efe, señala que el expediente instruido a raíz de la reclamación debe ser complementado.

En concreto, este órgano consultivo de la administración señala que es preciso aclarar si la trabajadora social estaba habilitada para entrar en la historia clínica de la reclamante y si la misma adoptó las medidas de seguridad precisas para evitar que la pareja de aquella, cuando se acercó a hacerle una consulta, pudiera ver el antecedente del IVE en la pantalla del ordenador.

Afirma el dictamen del CJRM que la pareja de esta mujer se acercó al lugar de trabajo de la trabajadora social para hacerle una consulta sobre el nacimiento del hijo que esperaba la pareja.

Habría sido entonces, según la demandante, cuando aquella le habría revelado que en 2007 se había sometido al IVE.

Con esa información, se presentó en el domicilio de los suegros y les comentó que su hija no estaba capacitada para ser madre y cuidar del hijo común que esperaban.

A raíz de esa situación, según afirmó, sufrió una crisis de ansiedad e incluso sufrió un desvanecimiento, que le hizo caer al suelo.

En el expediente declaró la trabajadora social, quien aseguró que atendió a la pareja de la reclamante porque lo vio angustiado , pero que en ningún momento le reveló que aquella se había sometido a un aborto, sino que fue él quien, al acercarse a la pantalla del ordenador observó ese dato en la historia clínica.

Para el CJRM hubo una brecha de seguridad en la protección de datos, por lo que hace falta abrir una instrucción complementaria para determinar si la actuación de la trabajadora social fue ajustada a los protocolos, tras lo cual, el caso debe volver a este órgano para que el mismo pueda pronunciarse sobre la existencia de responsabilidad patrimonial.

 
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