27-06-2019 / 13:40 h EFE

Coalición Canaria (CC) ha afirmado este jueves que "desde el minuto uno" tuvo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una gestión "decidida" para recuperar el dinero del caso Las Teresitas en una estrategia "de éxito" de los servicios jurídicos municipales.

En un comunicado, el portavoz municipal de CC-PNC, Juan José Martínez, asevera que en el pasado mandato la acción de gobierno de los nacionalistas "siempre estuvo a la altura de los legítimos derechos de la ciudadanía" para salvaguardar el interés público”.

Anuncia además que Coalición Canaria siempre estará a favor y apoyará cuantas iniciativas surjan del actual equipo de gobierno "siempre que vayan en beneficio del municipio, ya que para nosotros lo importante es Santa Cruz”.

Señala que el anterior alcalde, José Manuel Bermúdez, ordenó el 29 de marzo a la asesoría jurídica del Ayuntamiento que continuara con todas aquellas actuaciones necesarias, “por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros” para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas.

Ello tenía la finalidad de recuperar el dinero público invertido en la compra de los terrenos, así como hacer efectivas las indemnizaciones en favor de esta entidad local, agrega.

Juan José Martínez indica que en su momento Bermúdez urgió a los servicios jurídicos municipales a reclamar la ejecución de sentencia del caso Las Teresitas, una instrucción que “reiteraba lo dispuesto en otra, dictada por el alcalde en abril de 2017, justo el mismo día de notificarse la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el particular”.

El grupo CC-PNC reitera que estas instrucciones formaron parte de las actuaciones que se siguieron desde Ayuntamiento durante los dos últimos años del anterior mandato en relación a este asunto para salvaguardar el interés general de los ciudadanos de la capital tinerfeña.

Ambas fueron dictadas inmediatamente después de conocerse cada una de las sentencias, indica el edil.

De hecho, añade Martínez, la primera instrucción de 2017 se sustanció al mes siguiente en un acuerdo de la Junta Municipal de Gobierno, que se adhirió a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal para asegurar “la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento”.

 
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