02-07-2019 / 18:40 h EFE

Más de 35.000 personas dejaron sus hogares en los últimos seis meses por el conflicto entre el Ejército birmano y la guerrilla Arakan en el estado de Rakáin (oeste del país), el mismo desde el que más de 700.000 rohinyás huyeron a Bangladesh en 2017, denunció hoy la relatora de la ONU para Birmania, Yanghee Lee.

En su informe actualizado ante el Consejo de Derechos Humanos actualmente reunido en Ginebra, Lee subrayó que el impacto del conflicto en Rakáin y el vecino estado de Chin es "devastador", ya que ambos bandos beligerantes "violan la ley humanitaria internacional y podrían ser responsables de crímenes de guerra".

El Gobierno de Birmania sigue bloqueando la llegada de organizaciones humanitarias a la zona y los ataques indiscriminados han causado decenas de civiles muertos y heridos, denunció la relatora surcoreana, quien también mencionó denuncias de que el ejército estatal usa mano de obra forzada en la región.

Lee citó el caso de un helicóptero militar que el pasado abril abrió fuego indiscriminadamente contra un grupo de hombres y niños rohinyá que recogía bambú en una zona rural, causando seis muertos y 13 heridos.

"Hace menos de dos años se cometieron atrocidades contra los rohinyá y la población civil una vez más sufre graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad", subrayó en su comparecencia.

Lee también recordó que la semana pasada el Gobierno birmano cortó todo acceso a internet en la región en conflicto alegando razones de seguridad mientras el ejército era desplegado en determinadas zonas, lo que según la relatora pone en mayor peligro a la población civil.

El apagón digital dictado "obstruye aún más la respuesta humanitaria e impide una supervisión de las operaciones militares", señaló, denunciando que se ha registrado un aumento de las muertes bajo custodia desde que se ordenara la interrupción de las comunicaciones vía internet.

La relatora también recordó que más de un millón de refugiados rohinyás, muchos de ellos huidos tras los sucesos de 2017, siguen viviendo en pésimas condiciones en el campo de refugiados bangladesí de Cox's Bazar, el mayor del mundo.

"Es responsabilidad del Gobierno birmano crear las condiciones para que esa gente a la que echaron a la fuerza pueda regresar y no lo están haciendo en absoluto", concluyó la experta de Naciones Unidas.

Lee, a la que el Gobierno birmano niega la entrada en el país para llevar a cabo sus investigaciones, reiteró su llamamiento a que los abusos de derechos humanos sean tratados por la Corte Penal Internacional o, en su defecto, por un tribunal independiente.

 
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