04-07-2019 / 13:31 h EFE

El Registro Civil de Santa Cruz de La Palma ha precisado que la petición de cambio de nombre que ha formulado una persona transexual se registró hace tres meses y sigue su curso ordinario, sin adelantarse a otras peticiones ni tampoco retrasarse, ya que no existe "transfobia institucional".

De esta manera se ha pronunciado el citado órgano en un comunicado en el que alude a la queja manifestada la semana pasada por un colectivo LGTBI tras reunirse con representantes de la Diputación del Común en La Palma, y donde aseguraron que una persona transexual tarda más de un año en el trámite de cambio de nombre.

Al respecto la autoridad judicial al frente del órgano competente, esto es el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 del partido judicial de Santa Cruz de La Palma, señala en el comunicado que es incorrecto que se tarde un año en dar respuesta a la petición.

No se trata sólo de que la normativa legal que permite cursar la petición de cambio de nombre esté vigente desde el 23 de octubre de 2018 lo que ya haría imposible esta demora, pues han pasado poco más de ocho meses desde su promulgación, sino que la persona peticionaria presentó su solicitud en marzo, esto es, hace poco más de tres meses, aclara.

El Registro Civil de Santa Cruz de La Palma cuenta con sólo dos funcionarios para tramitar todas las solicitudes que formulan no sólo las poblaciones de Santa Cruz de La Palma, Mazo, Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana y San Andrés y Sauces, sino también las que genera el Hospital General de La Palma, que por razones lógicas (entre otras, decesos y nacimientos) ocupa una alta actividad de la oficina administrativa.

En lo que va de año, ha incoado 941 procedimientos civiles, apunta al respecto.

Indica también que los dos funcionarios que tramitan los procedimientos del Registro Civil de Santa Cruz de La Palma se turnan a diario haciendo horas extraordinarias para reducir la pendencia del órgano judicial, una hora todos los días y los fines de semana.

Tanto el juez a cargo del Registro Civil como los funcionarios desmienten que, como ha afirmado esta organización defensora de los derechos del colectivo LGTBI, se esté produciendo un caso de “transfobia institucional” en la tramitación del expediente de la persona que ha solicitado el cambio de nombre.

Indica que el proceso sigue los trámites ordinarios y ni se va a adelantar sobre otras peticiones de ciudadanos con los mismos derechos que la persona peticionaria ni, muchos menos, retrasar respecto al resto de los ciudadanos, como se ha afirmado por parte del colectivo.

El órgano judicial actúa en todos los casos como garante de los derechos de todos los ciudadanos con independencia de su nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como establece el artículo 14 de la Constitución Española, base del ordenamiento jurídico.

 
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