La Audiencia de Pontevedra ha impuesto tres años de cárcel y siete de inhabilitación a Francisco Javier M.B., un funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra que recibió pagos por la tramitación de permisos de residencia a los que se refería como "regalitos".
La sentencia, que ha divulgado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recoge así el veredicto del jurado que, hace dos semanas, le declaró culpable de un delito continuado de soborno.
Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia le condenan también al pago de una multa de 5.400 euros y a la devolución del dinero cobrado irregularmente.
El fallo señala que el jurado consideró que el sospechoso, "durante la realización de funciones propias de su trabajo y sin ningún derecho", solicitó y recibió dinero de varias mujeres para la tramitación de sus expedientes.
En concreto, una de las afectadas le entregó 150 euros y otra de ellas, 50.
A una tercera mujer le habría pedido otros 200 euros, que finalmente la afectada no llegó a entregar porque fue atendida por otra funcionaria.
La Audiencia, en esta sentencia, también informa de que ha rechazado suspender el ingreso en prisión del funcionario, medida solicitada por su abogado.
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