24-07-2019 / 22:12 h EFE

La exigencia de un "tercer país seguro" impuesta por el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, para los solicitantes de asilo en la frontera con México superó hoy su primera prueba ante un juez, que decidió mantener sin cambios la medida.

Una semana después de la entrada en vigor de la decisión, dirigida a reducir el flujo de migrantes en la frontera sur, en su mayoría procedentes de Centroamérica, el juez federal Timothy J. Kelly, de la corte del Distrito de Columbia, negó una moción destinada a suspender la medida.

Kelly falló sobre una querella presentada por las organizaciones Capital Area Immigrants' Rights (CAIR), el Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y los Servicios Legales (Raíces) y Hogan Lovells, que buscaba evitar "por un tiempo" que la nueva norma entrara en vigencia.

"Los demandantes no han demostrado la probabilidad de un daño irreparable por la norma requerida", apuntó el juez en su decisión, reseñada por el diario The Washington Post.

A juicio del juez, "no hay justamente nada en el expediente que sugiera cuántos individuos, en su caso, entran en esa categoría".

El Gobierno de Trump anunció el pasado 15 de julio una normativa que impedirá otorgar el asilo a quienes no lo soliciten antes en un "tercer país seguro".

La norma fue presentada por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional, como parte de la estrategia de Trump, que en las últimas semanas, además de la amenaza de redadas masivas y deportaciones exprés, ha incluido posibles cambios en el examen de ciudadanía y del programa de visa para inversores.

Una de las primeras reacciones a la decisión del juez fue del director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), Ken Cucinelli, quien la consideró "una gran victoria" para los esfuerzos del Gobierno de Trump "de detener la crisis en nuestras frontera sur".

Las organizaciones demandantes, que acusaron a la Administración Trump de violar la Constitución, la Ley de inmigración y nacionalidad, la Ley de procedimiento administrativo y otros estatutos federales, anunciaron que se mantendrán en pie de lucha.

"Estamos profundamente preocupados de que si esta regla entra en vigencia, los migrantes que buscan refugio en lugares extremadamente peligrosos tendrán pocas opciones para protegerse ellos y a sus familias", afirmó en una declaración el director ejecutivo de Raíces, Jonathan Ryan.

Mientras que Hardy Vieux, de la organización Human Rights First, organización que también se sumó a la demanda, subrayó que el "asilo salva vidas, es así de simple", por lo que consideró "ilegal" e "inmoral" esa política de la Casa Blanca.

La nueva normativa de la Administración Trump enfrentará un nuevo examen este mismo miércoles, cuando un juez en San Francisco se pronuncie sobre otra demanda fue presentada el pasado 16 de julio por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El pasado de 7 de junio, EE.UU. y México llegaron a un acuerdo que conjuró la amenaza de Washington de imponer aranceles a los productos de su vecino, y que se ha traducido en el despliegue de miles efectivos de la nueva Guardia Nacional en las fronteras sur y norte de ese país para controlar el flujo migratorio.

Al amparo de ese acuerdo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó acoger en su territorio a aquellos migrantes que esperan resolver su solicitud de asilo en EE.UU..

Washington busca ahora que Guatemala se sume a su política de "tercer país seguro" y, para presionar, el propio Trump amenazó este martes al país centroamericano con "vetos, aranceles e impuestos a las remesas".

 
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