26-07-2019 / 11:40 h EFE

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) ha aconsejado al gobierno regional desestimar el recurso entablado por 104 interinos docentes que pidieron la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos por los que fueron cesados y luego nombrados en los cursos 2012/2013 a 2017/18.

En el dictamen, emitido a instancias de la Consejería de Educación del gobierno murciano, se indica que lo que procede no es la no admisión de la revisión de oficio,

como propone el instructor nombrado para estas actuaciones, sino la desestimación, al no concurrir en las resoluciones combatidas la causa de nulidad alegada por los recurrentes.

Estos expusieron en su demanda, presentada en agosto de 2018, que todos ellos fueron sistemáticamente cesados a 30 de junio de cada año, desde 2012, y que en cada curso habían trabajado más de cinco meses y medio, que era el periodo fijado en el acuerdo de abril de 2004 como criterio para que los nombramientos se prorrogaran durante los meses de julio y agosto.

Ese acuerdo de interinos fue derogado por el Consejo de Gobierno de febrero de 2012, por el que se establecieron medidas para el personal docente en la administración pública de la Región de Murcia, que, a su vez, fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo en una sentencia dictada en 2018, que declaró que incurría en vulneración de derechos fundamentales.

Para los demandantes, dicha declaración de nulidad conllevaba que el acuerdo de interinos de 2004 recobraba su eficacia, lo que determinaba que eran nulos todos los ceses de los mismos efectuados en junio de cada año desde 2012, pues sus nombramientos debieron haberse prorrogado también a los meses de julio y agosto.

Ello supondría el correspondiente reconocimiento tanto de los haberes dejados de percibir durante esos meses de cada curso académico como de los méritos de experiencia docente de dichos periodos.

Este órgano consultivo dice que "no cabe entender, como alegan los recurrentes, que dicha declaración de nulidad del acuerdo haya de conllevar necesariamente la de todos los ceses realizados al amparo de la disposición nula".

Y añade que la Ley del Procedimiento Administrativo Común dispone, con carácter general, que, declarada la nulidad de una disposición, subsistirán los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

 
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