El diputado de Ciudadanos, Joan Mesquida, preguntará al ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, si adoptará medidas para reducir el déficit de personal en el centro penitenciario de Palma, que a día de hoy tiene 51 plazas vacantes.
Mesquida ha explicado este martes a la prensa que abogará en el Congreso de los Diputados para que se cumplan las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones de la capital balear, que piden más medidas de protección y formación, así como una ampliación de la plantilla, mayor retribución salarial y más apoyo psicológico y de orientación para los reclusos.
El diputado de la formación naranja ha lamentado el conato de violencia que se produjo el sábado pasado en el patio de la prisión de Palma, y ha recordado que en 2017 en este recinto se registró la mayor tasa de agresiones de presos a trabajadores de toda España.
Por ello, preguntará a Grande-Marlaska en la Cámara Baja si conocía la situación de conflictividad de la prisión y si investigará las situaciones de violencia que se producen a menudo en ella. También cuestionará si el ministerio instará a los directores de los centros penitenciarios a que cumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Mesquida ha recordado que el centro penitenciario de la capital balear, construido en 1999, tiene una capacidad para 1.006 internos, si bien actualmente ocupan sus celdas alrededor de 1.300 reclusos.
Ha señalado que los funcionarios de prisiones no son considerados agentes de la autoridad, por lo que ha opinado que se deberían considerar como tal para "añadir un plus a la pena" de los internos responsables de las agresiones al personal.
Además, ha añadido que el ministro de Interior ha generado un "clima de abandono laboral" entre los funcionarios de prisiones, que bajo el lema "tu abandono nos mata", han afirmado que falta "reconocimiento social" a su labor diaria.
Por su parte, el representante de la Asociación de Trabajadores Penitenciarios de Palma, Antonio Gutiérrez, ha declarado que falta una política de riesgos psicosociales para los funcionarios de prisiones ya que no solo lo pasan mal en el trabajo, sino que esos problemas se los llevan "a casa", ha subrayado.
"Los conflictos de prisiones no se arreglan enfrentando escenarios a la libertad de expresión", ha comentado el portavoz, quien ha pedido al Ejecutivo nacional que atienda y comprenda las reivindicaciones para solucionar este conflicto.
Gutiérrez ha calificado de "batalla campal" la pelea que se produjo el sábado en la prisión de Palma y ha indicado que no hubo funcionarios heridos.
En 2018, se registraron una media de dos agresiones diarias a trabajadores penitenciarios en las prisiones de España y se contabilizaron alrededor de 600 casos de agresión durante ese mismo año, ha indicado.
Los funcionarios de prisiones también cuentan como agresiones las amenazas e insultos que reciben por parte de los reclusos, si bien las instituciones no lo tienen en cuenta y "maquillan" estas cifras.
"No se pueden abrir todos los módulos de España porque no hay personal suficiente", ya que a nivel estatal hay 3.400 plazas vacantes de personal de prisiones, ha incidido Gutiérrez.
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