07-08-2019 / 19:11 h EFE

La Articulación Feminista de Nicaragua, compuesta por grupos defensores de las mujeres, presentó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica Ley de Amnistía, que creen da impunidad al Gobierno en la crisis sociopolítica local.

"Hemos presentado recursos de constitucionalidad contra la Ley de Amnistía, porque consideramos que violenta derechos constitucionales de toda la ciudadanía", dijo la líder feminista Juana Jiménez, durante su presentación den la Corte Suprema de Justicia en Managua.

Las feministas coinciden con diversos expertos en derechos humanos y con la oposición en que la Ley de Amnistía aprobada por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional en junio pasado, garantiza la repetición de los crímenes.

"El país no puede seguir repitiendo el ciclo de impunidad y es fundamental que los crímenes que se han cometido en el marco de la crisis política a partir el 18 de abril de 2018 deben ser debidamente sancionados. Las víctimas tiene derecho a la justicia", agregó Jiménez.

Según las feministas, "las víctimas no solamente son los asesinados, hay víctimas que han quedado con lesiones graves permanentes, víctimas de violencia sexual que en el marco de la represión con traumas severos, víctimas de torturas, particularmente los que han sido secuestrados o detenidos arbitrariamente".

Diversos sectores de la sociedad nicaragüense rechazan la Ley de Amnistía porque, dicen, no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno, ya que está basada en la tesis oficial de que las manifestaciones son un intento de golpe de Estado contra el presidente, Daniel Ortega.

"La Ley de Amnistía es anómala, no cumple con los estándares internacionales de leyes similares. Está encaminada a garantizar impunidad y que los crímenes de lesa humanidad, particularmente los que se han cometido en el marco de la crisis, queden en la impunidad", resaltó la líder feminista.

Un caso emblemático sobre la Ley de Amnistía ocurrió en julio pasado, cuando los Poderes Ejecutivo y Judicial dejaron libre al asesino de la estudiante brasileña de medicina Rayneia Gabrielle Lima, Pierson Adán Gutiérrez Solís, a pesar de que este confesó haberla matado con un arma de guerra hace un año.

Antes que la Articulación Feminista de Nicaragua, otros grupos de nicaragüenses reclamaron a la Corte la anulación de la Ley de Amnistía, entre estos los abogados identificados como "Defensores del Pueblo", la Asociación de Madres de Abril, y la Unión de Presos Políticos Nicaragüense.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno de Ortega por crímenes "de lesa humanidad", ha identificado a 328 víctimas mortales en el marco de la crisis, según su más reciente informe. Organismos locales cuentan hasta 594, y el Ejecutivo admite 200.

 
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