Un juez ha acordado el sobreseimiento definitivo y el archivo de las diligencias de investigación a once agentes del Medio Natural, abiertas en el marco de la "Operación Sköll", por su presunta autoría en los delitos de prevaricación, falsedad documental y estafa en la indemnización por los daños de lobo en Asturias.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas de Onís acordó, el pasado 20 de marzo, el sobreseimiento provisional de la investigación abierta hace tres años y seguida, a instancias de la Fiscalía Superior del Principado, contra once agentes del Medio Natural a expensas de que la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil realizara nuevas investigaciones.
Tres meses después, el juez confirmó el sobreseimiento definitivo, en unas resoluciones, a las que ha tenido acceso EFE, que se han declarado firmes y con las que los investigados pueden, a partir de ahora, proceder a la cancelación de sus antecedentes policiales, según la certificación expedida por la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de Cangas de Onís.
La Guardia Civil llegó a cifrar en 200.000 euros el supuesto fraude por simular daños ocasionados por el lobo para el cobro de ayudas y en su investigación incluyó inicialmente a once agentes del Medio Natural del Principado y a nueve ganaderos.
Para recibir las ayudas, los agentes debían certificar que las reses habían sufrido el ataque del lobo y la investigación se centraba en el supuesto cobro de daños inexistentes y solicitados a través del Principado y del seguro privado.
Finalmente, la Guardia Civil detectó irregularidades en las tramitaciones y el juzgado ha concluido que el sistema era el erróneo y que los hechos no son atribuibles a los agentes del Medio Natural.
La Asociación de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (Agumnpa) ha lamentado que este caso, que se inició en 2016, dañara la imagen y el honor de todo el colectivo y ha censurado que los funcionarios investigados no tuvieran una cobertura jurídica a cargo de la propia administración.
Las diligencias policiales abiertas por el UCOMA se fundamentaban en presuntas irregularidades en el procedimiento establecido para la evaluación de los daños causados por la fauna silvestre sobre el ganado doméstico, entre los que citaban la repetición de fotografías en diferentes expedientes administrativos o que los agentes cumplimentaran la parte de la solicitud correspondiente al solicitante.
Estas anomalías, a juicio de Agumnpa, eran una práctica habitual hasta entonces debido a la avanzada edad de muchos de los ganaderos solicitantes o discordancias entre el daño certificado por el agente del Medio Natural y el veterinario del seguro de la ganadería en unas irregularidades que la asociación atribuye a "errores humanos a consecuencia de un procedimiento inadecuado y con numerosas lagunas".
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