13-08-2019 / 18:20 h EFE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que no dialogará con el centro okupado de La Ingobernable "bajo chantaje" y que para acceder a los locales municipales como el resto de movimientos sociales deberán desocupar el edificio del Paseo del Prado.

En una entrevista con la Agencia Efe el regidor madrileño revela que así se lo dijo a uno de los portavoces de este espacio okupado cuando al acudir allí en campaña electoral le hicieron un escrache.

"Yo dialogo cuando dejéis el inmueble, es decir si vosotros desocupáis el inmueble yo podré dialogar y podré aplicaros las mismas condiciones que se aplican exactamente al resto de movimientos sociales en la ciudad de Madrid para poder acceder a locales del Ayuntamiento de Madrid", explica Martínez-Almeida que les dijo.

El Consistorio madrileño no va a mantener un diálogo "bajo el chantaje" de la okupación ilegal del edificio.

"Jamás puede haber un diálogo con aquellos que hacen del incumplimiento de la ley su modus vivendi. Lo que tienen que comprender es que llevan dos años viviendo allí a costa de todos los madrileños y por tanto que nosotros vamos a aplicar la ley, toda la ley, para conseguir que se desaloje ese edificio", ha afirmado Almeida.

El alcalde asegura que no habrá "ningún tipo de complicidad" con La Ingobernable y "mucho menos si no han desocupado el inmueble".

Los colectivos que okupan La Ingobernable, un edificio público en el número 30 del Paseo del Prado, deben abandonar el edificio el 28 de agosto, tras notificarse la orden de desalojo por parte del Ayuntamiento de Madrid a través de su publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

La Ingobernable comenzó a funcionar el 6 de mayo de 2017, cuando varios ciudadanos okuparon un edificio vacío situado en el paseo del Prado y propiedad del Consistorio, que en 2015 la entonces alcaldesa Ana Botella había cedido a la Fundación Ambasz para demolerlo y edificar en su lugar un museo.

Un año después, en 2018, el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena recuperó el edificio para el patrimonio municipal para lo que tuvo que abonar 1,4 millones a la Fundación Ambasz como indemnización.

 
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