26-08-2019 / 19:30 h EFE

La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que, según su criterio, el Gobierno de Ecuador interfirió en el proceso penal contra el informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de la plataforma WikiLeaks Julian Assange y acusado de espionaje cibernético.

También anunció que seguirá "vigilando el proceso penal contra el defensor de derechos digitales Ola Bini en Ecuador" y responsabilizó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de supuestas "violaciones de los derechos humanos e interferencia indebida del Gobierno en este proceso penal".

En un comunicado difundido por AI este lunes en Quito, su directora adjunta para las Américas, Frananda Doz Costa, aseveró que "el caso de Ola Bini muestra una grave contradicción en el sistema penal ecuatoriano".

"Con frecuencia, los ataques contra personas defensoras de los derechos humanos permanecen impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellas sí son investigadas inmediatamente", aseguró.

En este sentido, Amnistía Internacional señaló que la interferencia indebida de autoridades "ha violado la independencia de la investigación, el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia, puesto que las acusaciones públicas contra Bini aún no han sido probadas mediante una investigación independiente, objetiva e imparcial".

Además, la organización advirtió de que el "uso indebido" del sistema penal contra personas que defienden los derechos digitales y la privacidad podría generar "un ambiente intimidatorio y temor entre quienes llevan a cabo esta labor en Ecuador".

Bini, experto en programas encriptados y software libre, fue arrestado el 11 de abril en el aeropuerto de Quito antes de que abordara un avión hacia Japón, el mismo día en el que Ecuador ponía fin al asilo de Assange, después de casi siete años en su embajada en Londres.

El sueco, que había sido puesto en prisión preventiva, fue excarcelado el pasado 20 de junio después de que un juez de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, aceptara un recurso de "habeas corpus" solicitado por su defensa.

Desde entonces comparece cada viernes ante la autoridad fiscal, que recientemente vinculó al caso a otra persona de nacionalidad ecuatoriana.

 
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