Las administraciones generales autonómicas aumentaron en 2016 su deuda pública seis puntos con respecto al año anterior, de las que destaca el incremento pronunciado en Cantabria y Murcia, en el mismo ejercicio en el que mejora el porcentaje total de las cuentas rendidas a tiempo, un 77 por ciento.
Así lo expone el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del sector público autonómico correspondiente al ejercicio de 2016, que resalta que en las dos comunidades citadas incrementaron su endeudamiento hasta un 10 %.
El saldo total de endeudamiento de las administraciones públicas pasó de 235.202 millones a 249.637 millones de euros al término de ese año, es decir, un 6 % más que en 2015.
A pesar de ello, hubo menos entidades que dejaron sin entregar las cuentas rendidas: solo un 8 %, respecto al 77 % que las entregó adecuadamente y el 15 % que lo hizo fuera de plazo.
Por otro lado, la suma de los presupuestos totales concedidos a las autonomías fue negativo, al igual que en 2015, pero aun así mejoraron el número de ese año en un 52,4 %.
Al contrario, el saldo presupuestario, es decir, la diferencia entre inversiones y gastos, sí que fue favorable: un 65,9 % más.
En su conjunto, las entidades generales incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria designado para 2016, un 0,7 %, al contar con un déficit de 9.134 millones de euros, el 0,82 % del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.
Por su parte, ni Andalucía ni Canarias, Galicia, País Vasco y Murcia han cumplido con la regla de gasto fijada ese año, mientras que el subsector autonómico sí han alcanzado los objetivos de deuda pública previstos.
En 2016, la cuantía total de fondos previstos de compensación territorial ascendió a 432 millones de euros, una cifra equivalente a la otorgada en los dos ejercicios anteriores y destinada a las mismas autonomías: Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias, Murcia, Comunidad Valenciana y las ciudades de Ceuta y Melilla.
El Tribunal de Cuentas insta en el informe a que las universidades elaboren con mayor rigor sus presupuestos antes del comienzo del ejercicio económico, puesto que en 2016 se modificaron un 25 % más con respecto a 2015 los créditos aprobados para este sector.
Y en el sector sanitario, explica que el gasto correspondiente supuso 61.627 millones de euros, un 5,5 % del PIB. De este total, Cataluña, Andalucía y Madrid fueron las comunidades que más gastaron.
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