Un juzgado de Santiago ha condenado a una clínica privada a pagar 2.669 euros a una mujer que había sufrido daños por la administración de un tratamiento estético de reducción de grasa mediante la aplicación de frío, según ha informado este jueves la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal).
"Como consecuencia de este tratamiento, la usuaria sufrió perjuicios de carácter personal y secuelas físicas, por lo que presentó la correspondiente reclamación contra el centro", ha apuntado la Ucgal, encargada de llevar al juzgado el caso de esta asociada.
La asociación de consumidores ha denunciado que en la publicidad de este centro de estética "aseguran que la técnica empleada, que consiste en la aplicación de frío sobre el cuerpo de forma controlada durante un tiempo determinado, no es invasiva", así como que "no es necesario tiempo de recuperación y el paciente puede volver de inmediato a su vida cotidiana".
"A la usuaria no se le facilitó en ningún momento información que aludiese a los riesgos de la práctica, los posibles efectos secundarios o la existencia de posibles lesiones; ya durante la administración del tratamiento, la usuaria advirtió a las técnicas de dolor y molestias, pero sus quejas fueron ignoradas", ha proseguido.
De este modo, la usuaria se vio obligada a acudir ese mismo día a urgencia por dolor en la zona tratada, tras lo que se le diagnosticó una quemadura por frío con abrasión, hematoma y un importante traumatismo.
"La evidencia es contundente: la usuaria sufrió lesiones a consecuencia del tratamiento llevado a cabo en la clínica, que fue ejecutado de forma inadecuada", ha afirmado la Ucgal, que entiende que "estamos ante un caso no sólo de falta de diligencia, sino de incumplimiento contractual".
Este incumplimiento contractual se debería tanto a "la defectuosa realización del tratamiento" como por "la omisión del deber de información recogido en el derecho al consentimiento informado".
"Este último punto es uno de los aspectos más preocupantes del caso: la ausencia de consentimiento informado a la usuaria", ha relatado la Ucgal, que sostiene que esta falta de información "implica mala praxis por parte de la clínica", que debería tener datos suficientes "para tomar la decisión conociendo los eventuales riesgos para decidir si consentir o desistir de la operación".
La Ucgal ha anunciado que continuará con las acciones contra el centro al que acudió esta persona, ya que estima que éste "podría estar incumpliendo la legislación en materia de seguridad, responsabilidades y autorizaciones".
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