La Asamblea General de Rectores de las nueve universidades públicas que forman el G-9 ha firmado este viernes un convenio de colaboración con la Universidad de Burgos para potenciar conjuntamente el desarrollo digital y compartir estrategias de formación continua de personal docente y de servicios a través del campus virtual.
El rector de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y presidente del G-9, Llorenç Huguet, ha explicado en una rueda de prensa que se trata de un "grupo muy activo" que tiene como objetivo definir y contrastar los sistemas relacionados con la docencia, la investigación y la cultura de las nueve universidades públicas españolas que forman el grupo.
Ha resaltado que el G-9 abarca la formación de alrededor de 160.000 estudiantes, mientras que 19.000 personas de estas instituciones se dedican a la docencia e investigación y 8.000 forman parte del personal de administración y servicios.
Las nueve universidades que componen el grupo impartieron en el curso pasado 482 grados diferentes, 421 másteres oficiales, 249 doctorados y 603 títulos propios, lo que supone una "amplia oferta académica" por parte del grupo.
El presidente del G-9 ha comentado que más de 3.000 personas de administración, servicios, docentes e investigadores participaron durante el curso 2018-2019 en las acciones de formación continua que se impartieron en el campus digital que comparten estos nueve centros universitarios.
Huguet ha dicho que a los rectores del G-9 les preocupa que no se haya llegado a un acuerdo para formar un Gobierno en España y ha lamentado la prórroga de los presupuestos generales, ya que pueden suponer un "perjuicio" para las universidades públicas.
Además, ha asegurado que los 177 millones de euros que el Ministerio de Hacienda debe transmitir al Govern por el sistema de liquidación de comunidades autónomas afecta al presupuesto de la Universidad de las Islas Baleares (UIB).
En relación a la implantación del registro presencial de los profesores en las universidades públicas españolas, ha defendido que esta Ley del Registro tendría que contemplar el cómputo de horas que los profesores universitarios dedican a la docencia y dejar de lado el control de tiempo que dedican a la investigación.
Ha recordado que el control docente es un "servicio público de formación que se da a los estudiantes" por lo que sí se debe controlar el cumplimiento del compromiso del profesor.
Por otra parte, Huguet ha celebrado que se haya mejorado la retribución salarial de los jóvenes que forman parte de los programas de investigación de las universidades, si bien ha señalado que esta mejora corre a cargo de las cuentas propias de cada universidad "y no de quien lo legisla".
Los miembros de esta asociación sin ánimo de lucro han propuesto durante la reunión celebrada en Palma organizar concursos de música, debates y charlas para los estudiantes de sus universidades así como un primer encuentro deportivo.
El G-9 está formado por las universidades públicas de Cantabria, Castilla y La Mancha, la Rioja, Zaragoza, extremadura, Oviedo, País Vasco, Navarra y Baleares.
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