20-09-2019 / 14:59 h EFE

Castilla-La Mancha ha registrado un total de 510 condenas a menores de entre 14 y 17 años durante el pasado año 2018, 438 de nacionalidad española y 72 extranjera, lo que supone una tasa de 6,1 por cada 1.000 habitantes.

Según los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las infracciones penales cometidas por menores de edad en la región han ascendido a 852 y una tasa de 10,1.

En cuanto a los adultos -mayores de 18 años-, el número de condenados en Castilla-La Mancha ha sido de 9.280 (tasa de 5,6), de los que 7.592 son de españoles y 1.688 extranjeros, mientras que los delitos cometidos alcanzaron 12.411 y de 10.391 los autores fueron hombres y en 2.020 casos eran mujeres las autoras.

En este sentido, la tasa de delitos cometidos por cada 1.000 habitantes de 18 años o más ha sido del 7,5 por ciento en Castilla-La Mancha, por debajo de la media nacional del 10,6 y situándose como la segunda comunidad autónoma -la primera Galicia- con menor tasa.

En el conjunto de España, las condenas por delitos sexuales crecieron el pasado año un 6,6 % en el caso de los adultos y un 20,1 % en los menores y se registraron 2.431 de las primeras y 323 de las segundas.

Son datos del Registro central de delincuentes sexuales que por segundo año consecutivo ha incluido el INE en su estadística anual de condenados.

En total, en 2018 fueron condenadas 286.637 personas adultas, un 0,5 por ciento más que el año anterior, y se trata de condenas por sentencias firmes impuestas y, de ellas, un 21,9 por ciento corresponde a delitos relacionados con la seguridad vial, por delante de los hurtos (el 17,3 %) y las lesiones (16,6 %).

Respecto a los delitos sexuales, los 2.431 adultos condenados por ellos perpetraron 2.952 infracciones penales de este tipo, de las que 1.011 fueron consideradas abuso sexual, 453 abuso y agresión sexual a menores de 16 años y 386 agresión sexual. De estas últimas, 32 fueron violaciones.

Por su parte, los 323 condenados menores por delitos sexuales cometieron 408 infracciones de esa naturaleza, 69 de ellas agresiones sexuales y de éstas, ocho fueron violaciones.

Ya en el cómputo general de condenados por toda índole de delitos, tanto en hombres como en mujeres la variación respecto a 2017 fue mínima, con un aumento del 0,5 por ciento en los primeros y una disminución del 0,3 % en las segundas.

En términos globales, el 79,3 por ciento de las personas condenadas eran varones, frente al 20,7 % de mujeres, con una edad media de 37,2 años en los hombres y de 36,6 en las féminas.

De todos modos, por tramos de edad es el de entre 18 y 20 años en ambo sexos el que contó con más número de condenas.

El 76,3 por ciento de los condenados tenía la nacionalidad española y entre los extranjeros, un tercio (32,7 %) procedía de países comunitarios. Además, si se tiene en cuenta la tasa de condenados por mil habitantes, la de extranjeros casi triplica a la de los españoles.

A lo largo de 2018 se impusieron 753.803 penas en sentencias firmes dictadas e inscritas en el registro, un 2,6 % más que el ejercicio anterior. Una de cada cinco fue privativa de libertad y el 34,3 % de multa.

Del total de 142.699 penas de prisión (un 1,9 % menos que en 2017), el 93,3 % tenía una duración de entre cero a dos años y solo el 1,1 % de más de cinco años.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registró más personas condenadas, con el 19,8 por ciento del total; por delante de Cataluña (15,6 %) y Madrid (13,8 %).

No obstante, si se tiene en cuenta la tasa de condenados inscritos por cada mil habitantes, Ceuta y Melilla siguen registrando las tasas más elevadas, con 26,6 y 24,3 respectivamente. En el lado opuesto se sitúan Galicia (5,3) y Castilla y León y Castilla-La Mancha (ambas con 5,6).

Respecto a los menores, el INE destaca los 13.663 condenados de entre 14 y 17 años con un ligero aumento del 0,2 por ciento en relación a 2017.

Al igual que en el caso de los adultos, el mayor número de condenas a menores se produjo en Andalucía que absorbió una de cada cinc, y le siguen Comunidad Valenciana (15,7 %) y Cataluña (12,2 %).

 
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