23-09-2019 / 12:11 h EFE

Uno de cada cuatro presos por delitos de violencia de género o contra la libertad sexual que cumplen su pena en Castilla y León siguen algún tipo de terapia para resolver su problema y disminuir la probabilidad de reincidencia, según los datos del Gobierno aportados en una respuesta parlamentaria.

Actualmente las prisiones de Castilla y León albergan 589 condenados por este tipo de delitos, lo que representa el 20 por ciento de los penados, mientras que los que siguen algún tipo de terapia son 146.

Según datos de Instituciones Penitenciarias recogidos por el Gobierno para dar respuesta a una pregunta parlamentaria, el porcentaje varía en función de la prisión en la que se encuentran privados de libertad.

Así, mientras en el penal de Segovia, la Cárcel Centro de Creación, casi el 47 por ciento de los presos relacionados con este tipo de agresiones contra la mujer (23 de 49) siguen un tratamiento, en la prisión de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), apenas alcanza a un 13 por ciento con 17 reclusos en terapia de un total de 132.

Entre medias se sitúan los centros penitenciarios de Valladolid (29 de 86, 33,7%); Topas, en Salamanca, (26 de 95, 27,3%); Soria (7 de 26, 26,9%); Dueñas, en Palencia, oficialmente Centro Penitenciario La Moraleja (29 de 123, 23,5%) y Burgos (15 de 78, 19,2%).

Se trata de un programa terapéutico voluntario que siguen los reclusos condenados por delitos de violencia contra las mujeres que así lo desean.

Es por tanto distinto de los que puede dictar un juez como medida alternativa en condenas por delitos de violencia machista donde no se requiere la prisión, o donde esa pena queda en suspenso. En esos casos sí se trata de terapias de obligado cumplimiento.

Este programa, que ha sido revisado y ampliado en dos ocasiones por Instituciones Penitenciarias, contempla la incorporación de nuevos psicólogos, consecuencia de la amplia oferta de empleo público, para un mejor desarrollo de esta intervención de carácter grupal con sesiones semanales.

En ellas, los agresores asumen su responsabilidad, eliminando las estrategias defensivas o que justifiquen los hechos violentos por los que han sido condenados.

En el conjunto del país, el 23 por ciento de los internos condenados por estos delitos siguen estos programas elaborados por profesionales penitenciarios con la colaboración de profesores universitarios.

Su duración media es de un año, si bien en ocasiones se realizan programas más breves destinados a penados con condenas cortas.

Y todo con el objetivo último de "modificar actitudes sexistas y desarrollar pautas de comportamiento que respeten la igualdad de género".

 
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