El Consello de la Xunta de Galicia ha aprobado este jueves que el Gobierno autonómico asuma "en su totalidad" el coste de 3,6 millones de euros que supone para las entidades que atienden a personas con discapacidad la subida "abrupta" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
"El Gobierno aprobó de forma abrupta una subida del SMI, pero no hizo ningún gesto para ayudar las entidades a afrontar el incremento de gasto que supuso esa decisión precipitada", ha anunciado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo autonómico.
En este sentido, Núñez Feijóo ha apuntado que, tras reunirse con las entidades afectadas, que se encontraban "casi en quiebra", había dos alternativas: "O despedir a más de 400 trabajadores, lo que supondría un enorme impacto para el servicio, o desconcertar las plazas y reducirlas en más de 600".
"Lo lógico sería que el coste de una decisión lo asuma el responsable de tomarla, pero el único al que no afectó esta medida fue al Gobierno central, que sí se benefició del incremento de las cotizaciones", ha añadido Núñez Feijóo, quien entiende como una "deslealtad constitucional" tomar decisiones "que benefician a uno y perjudican a los demás".
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