El ente creado por el parlamento guatemalteco para analizar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) anunció este lunes que comenzará su trabajo el próximo 7 de octubre.
Ese grupo, formado por cinco diputados elegidos por el pleno para verificar el actuar de la CICIG antes del próximo 10 de enero, hizo su primera presentación pública sin aceptar preguntas y solo dando a conocer su cronograma de trabajo.
El parlamentario Juan Ramón Lau, uno de los integrantes y presidente del ente, explicó a los medios de comunicación que del 7 de octubre al 7 de noviembre recibirán informes de las personas afectadas y sus expedientes, y que en caso de ser necesario realizarán "audiencias públicas".
Después de ese período, los miembros de la Comisión analizarán y estudiarán cada uno de los expedientes para hacer las recomendaciones y conclusiones que entiendan oportunas y que recogerán en un informe que presentarán al pleno de los diputados en una fecha aún por decidir.
Lau aseguró que el trabajo de este ente se desarrollará "de conformidad con el mandato del pleno del Congreso y de la Constitución de Guatemala" y prometió que no intervendrán en los actos que desarrollen paralelamente el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
La semana pasada, con un acuerdo legislativo, los diputados dieron con 82 votos a favor su visto bueno a este ente, que estará formado por cinco diputados y que tendrá un plazo para fiscalizar el trabajo de la CICIG que vence el 10 de enero, unos días antes de que asuma el nuevo Parlamento.
Durante 12 años, la CICIG y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de "alto impacto", presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.
Esta comisión parlamentaria, creada de forma imprevista argumentando que la Comisión auspiciada por Naciones Unidas nunca tuvo supervisión, tiene que verificar si el trabajo de la CICIG durante 2007 y 2019 se enmarcó en lo estipulado en la Constitución y debe investigar "las denuncias presentadas contra la misma".
Entre sus atribuciones está determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias que hayan "atentado contra derechos fundamentales" de los guatemaltecos, recabar y evaluar información de cualquier persona o entidad que haya sido "víctima" de la CICIG y requerir información a cualquier autoridad, así como declaraciones o documentos, sobre estos actos ilegales.
El acuerdo legislativo también le da potestad para denunciar ante las autoridades respectivas a los funcionarios y empleados públicos que se hayan participado en esos actos, invitar a los financistas de la CICIG para compartir informes financieros y solicitar información a "diferentes Gobiernos" sobre el historial profesional del personal internacional que trabajó en la Comisión durante los 12 años que operó.
El último punto de estas funciones señala que pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público para que este solicite la "inmediata extradición del personal que haya laborado en dicha comisión que no se encuentre dentro del país" y que pueda haber cometido "un ilícito" dentro de Guatemala.
La ente investigador del Parlamento estará formada por los diputados Luis Pedro Álvarez (intependiente), Luis Hernández Azmitia (Movimiento Reformador), Manuel Conde (Avanzada Nacional), Juan Ramón Lau (Todos) y Aníbal Rojas (Visión con Valores), todos aliados al oficialismo, que, desde diversos frentes, minó la tarea de la CICIG desde agosto de 2017.
El 31 de agosto del año pasado, rodeado de militares, el presidente, que junto a su familia fue acusado de casos de corrupción, anunció que no renovaría el mandato de la CICIG al acusarla de una supuesta "injerencia en los asuntos internos" pese a que cuando asumió el cargo había manifestado en una carta a Naciones Unidas su intención de renovar su labor hasta septiembre de 2021.
Desde que anunciaron su salida, el Ejecutivo y el Congreso atacaron a la CICIG en varias ocasiones y aseguraron que la Comisión volvería al país para enfrentar la Justicia, la última de ellas la semana pasada, cuando el presidente Jimmy Morales dijo en la Asamblea de Naciones Unidas que las repercusiones iban a ser analizadas.
El ente formado por el Congreso dijo que hará un trabajo serio y que no darán "declaraciones personales" sobre los temas que tratan, un aspecto para el que nombraron como vocero al diputado Aníbal Rojas, quien será el vocero de la comisión y se comunicará "por medios escritos y comunicados que se harán en consenso".
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