03-10-2019 / 12:49 h EFE

El consejero de Gobernanza Pública de La Rioja, Francisco Ocón, ha anunciado este jueves que su departamento impulsará las leyes de Igualdad, LGTBI y Función Pública en esta legislatura, además de un nuevo marco regulatorio de financiación local y mejoras para los empleados públicos.

Ocón ha comparecido en el Parlamento regional para explicar su acción política y su programa de actuación, en el que la coordinación y la transparencia, ha dicho, serán bandera del nuevo Gobierno, presidido por Concha Andreu, que también apostará por la igualdad como eje vertebral de la acción ejecutiva.

El consejero ha anunciado un Plan Riojano de Gobernanza Pública y la negociación de un Acuerdo Convenio para empleados públicos y la convocatoria de la Oferta de Empleo Público (OPE) ordinaria y de estabilización.

El objetivo es reducir la temporalidad y avanzar a que, de manera progresiva, se pueda pasar del 30 por ciento de personal interino sobre el total de la plantilla al 8 por ciento, ha dicho Ocón.

Sobre la Ley de Igualdad, ha informado de que “supondrá la implantación del concepto de igualdad real en toda la acción de Gobierno de La Rioja”.

En este sentido, será el marco que defina los principios de actuación de los poderes públicos “y configurará la estructuctura, mecanismos y recursos que garanticen la igualdad y la no discriminación por razón de sexo, incoporando la transversalidad de la perspectiva de género como principio de las políticas públicas”, ha expuesto.

También ha anunciado la redacción de una Ley LGTBI+, que "contribuirá a garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, al tiempo que blindará los derechos de estos colectivos”.

El consejero se ha comprometido, además, a aprobar una Ley de Función Pública de la Administración Pública de La Rioja.

En materia de Coordinación y Transparencia, ha anunciado un Plan Riojano de Gobernanza Pública, que incluirá, entre otras medidas de buen gobierno y regeneración democrática, un Código ético, que "recoja aquellos principios, valores y conductas a aplicar para que la gestión pública sea ejemplo de una intachable labor al servicio de los ciudadanos”.

Ha explicado que la Consejería trabajará en la transformación digital de la Administración autonómica, lo que supondrá "aumentar los estándares de transparencia”, lo que incluirá la modificación del actual Portal de Transparencia.

También se facilitará " una relación más fluida entre ciudadanos y gobierno mediante la simplificación de la gestión administrativa”.

En Política Local, ha adelantado un nuevo marco regulatorio de la Financiación Local, adaptado a la reforma del Estatuto de Autonomía, “que garantice la igualdad de trato a todos los municipios en cuanto a los recursos que reciben".

Ocón ha precisado que se impedirá "la discriminación que han sufrido una importante parte número de municipio" y este nuevo marco también permitirá una nueva redacción del Plan de Cooperación Local.

De acuerdo a los compromisos de “suficiencia financiera, fondo de cooperación local y eliminación de las arbitrariedades” en esta materia, Ocón ha anunciado la revisión de los convenios que se han firmado recientemente, con el anterior gobierno en funciones, para analizar si se adaptan a la normativa vigente.

El consejero se ha comprometido a mejorar la prestación de los servicios públicos en el ámbito municipal , mediante el refuerzo de la asistencia y asesoramiento técnico a los pequeños municipios.

En Función Pública, ha anunciado el inicio de la negociación de un nuevo Acuerdo-Convenio, actualmente prorrogado desde 2011, así como del Acuerdo de Derechos Sindicales de 2019.

En paralelo, ha informado de que se emprenderá también la negociación de una Oferta de Empleo Público de estabilización, así como la Oferta de Empleo Público ordinaria correspondiente a 2019, unida a la oferta pendiente de 2017 y la del ejercicio 2018, que tampoco se ejecutó por parte del anterior Gobierno, ha dicho.

Además, ha avanzado la próxima convocatoria de concurso de méritos que, en algunos casos, lleva más de diez años sin convocarse, lo que se hará previo estudio y análisis objetivo de puestos con responsabilidad real y "no diseñados exclusivamente, como hasta ahora, a la medida de determinadas personas".

En este contexto, ha informado de que la Consejería está analizando los puestos ocupados en comisión de servicios que, según los primeros datos recabados, ha dicho, los ostentan más de 270 personas.

La Consejería estudia las últimas convocatorias para el concurso de méritos efectuadas en 2019, con el objetivo de "resolver si es necesaria o no su cobertura, toda vez que se trata de una fórmula excepcional y no de uso generalizado ni diseñados a medida como se ha empleado en anteriores legislaturas”, ha precisado Ocón.

El consejero también ha expresado su compromiso con la formación de los empleados públicos y la dignificación de su condiciones laborales, así como de mejorar la dotación económica y de medios humanos de la Dirección General de Servicios Jurídicos, cuya persona titular se nombrará en los próximos días.

 
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