05-10-2019 / 13:39 h EFE

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha lamentado el retraso en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios afectados por sentencias de derribo y pide al Parlamento de Cantabria y a la Fiscalía que investigue posibles "actuaciones ilícitas" por la demora.

En este sentido, el presidente de AMA, Antonio Vilela, pone como ejemplo este sábado en un comunicado el municipio de Argoños, cuyo planeamiento "ha sido expuesto a información pública cuatro veces en los últimos cuatro años".

"En la pasada legislatura desde el Gobierno se nos decía que este PGOU se iba aprobar de forma definitiva y ahora se saca a exposición pública", afirma Vilela, quien se pregunta las causas de una "vergonzosa" decisión que "dilata, retrasa y lapida" los recursos de los ciudadanos.

También pone de relieve el hecho de que "nadie quiere poner la firma para no pasar por las Salesas" y subraya que se trata de una situación que también se produce para la aprobación del PGOU de Piélagos o Escalante.

Por otro lado, AMA explica que desde las administraciones se están anunciando planes de actuación de los que los afectados "no tienen ningún conocimiento", como decisiones "sobre empresas que tienen que realizar los derribos".

Todo ello unido a un "incumplimiento" de los compromisos anunciados, como la comunicación de la valoración de las viviendas por parte del Gobierno de Cantabria o la creación de la anunciada Oficina de Atención a los Afectados.

Vilela ha criticado, además, al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, como "principal y mayor responsable" de este problema y ha subrayado que los afectados están "cansados y aburridos de que se les tomen por tontos y de que se crean los culpables con más derechos que las víctimas en estas situaciones".

"Son muchos años soportando esta injusticia, viviendo y aguantado la zozobra, el miedo a perder el patrimonio de la familia, el propio hogar y muchos los que ya se han bajando del tren de la vida. Pagamos una condena que no nos corresponde, un pena sin fin, sin revisión", ha apostillado el presidente de AMA.

Por ello, AMA ha avanzado que pedirá la aplicación de los convenios firmados entre el Gobierno de Cantabria y los afectados, la creación de la Oficina de Atención al Afectado, el envío de las valoraciones de la viviendas o que el Parlamento de Cantabria cumpla sus propias resoluciones.

También se informará de la situación a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que, según recuerda Vilela, envió en 2009 una carta al presidente de Cantabria y de España pidiendo "una solución para todos afectados de esta injusta situación y el respeto a sus derechos".

Asimismo, AMA ha anunciado que continuará las movilizaciones y concentraciones ante las administraciones públicas "culpables" de esta situación.

 
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