09-10-2019 / 16:20 h EFE

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha defendido la nueva ordenanza de arbolado, en fase de exposición pública y que incluye sanciones de hasta 750 euros para los dueños de mascotas que no recojan excrementos de los alcorques, y ha subrayado que son necesarias acciones "coactivas" contra personas incívicas.

En declaraciones a los medios antes del Pleno de los mayores celebrado este miércoles, Salaya ha manifestado que "hay un problema de civismo importante en la ciudad con respecto al arbolado".

Ha precisado que "no solo el Ayuntamiento, en algunos momentos, ha talado en exceso o no ha tratado el arbolado bien", sino que también se registran "problemas con una parte mínima de los vecinos".

Según el regidor cacereño, se han encontrado "casos de árboles anillados para que se mueran porque molestan, en algunos casos porque rompen el suelo y en otros por cosas tan ridículas como que las hojas caen en un jardín privado", y árboles envenenados".

Además, ha asegurado que los excrementos de perros en los alcorques "son una auténtica plaga", por lo que van a ser "muy duros con esto".

"Entendemos que son una minoría los dueños de esos perros, pero es una minoría a la que vamos a perseguir y castigar. Vamos a tener encima a la Policía para conseguir que lo que no se logra mediante la concienciación se haga a través de medios coactivos", ha apostillado.

La ordenanza de gestión y protección del arbolado contempla sanciones de hasta 3.000 euros por infracciones muy graves, como talar árboles sin autorización, destruirlos o causarles daños irreversibles que obliguen a su eliminación, y plantar en cualquier tipo de vía, espacio verde o jardín, sea público o privado, especies prohibidas.

Por otro lado, cuestionado por el traslado del mercado franco del espacio que ocupa actualmente en Vegas del Mocho, el alcalde ha manifestado que este es "uno de los problemas" que se encontraron al llegar a la Alcaldía por "el desastre de gestión en los últimos años" y en el que trabajan "desde el primer día" para buscar la "mejor" ubicación posible.

Ha remarcado que se trata de "un asunto importante que se ha ido aplazando" y que "no solucionaron los que tenían la potestad de hacerlo en su día".

El Gobierno local es "consciente" de que esa ubicación no será del gusto de todo el mundo, pero buscarán "una solución que sea buena para los que venden en el mercado franco y para los clientes".

 
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