10-10-2019 / 9:20: h EFE

Un sanitario que resultó herido por el enfermo mental al que trató de asistir cuando este sufrió un ataque de esquizofrenia en su domicilio, en Blanca (Murcia), tiene derecho a ser indemnizado con 1.130 euros por las lesiones sufridas, ya que no estaba obligado a ser víctima de la agresión.

Así se recoge en el dictamen que, a instancias de la Consejería de Salud del gobierno murciano, ha emitido el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que considera que la administración debe asumir la obligación indemnizatoria por la vía de la responsabilidad patrimonial.

El informe, al que ha tenido acceso Efe, indica que este asunto ya fue objeto de análisis por el propio Consejo el pasado febrero, y que entonces declaró que el expediente administrativo estaba incompleto, al no constar en el mismo el protocolo a seguir cuando los equipos sanitarios atienden a enfermos mentales y, en especial, sobre la forma de actuar cuando se ha de acceder a los domicilios.

Ahora sí ha recibido ese protocolo, y el contenido del mismo lleva al CJRM a la conclusión de que existe una relación de causalidad entre el daño por el que reclamó este profesional y el funcionamiento de los servicios públicos.

Y añade que aquel documento indica que cuando se haya de entrar en las viviendas, el médico deberá avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que estos, tras valorar la situación junto con el personal médico, procederán “por sí” a la entrada en la vivienda del enfermo cuando aparezca flagrante el inminente peligro para este o para otras personas o bienes.

Señala el dictamen que la presencia policial no está prevista para que actúe como fuerza de protección del equipo sanitario, sino para ofrecer cobertura al paciente para evitar que este se lesione a sí mismo o a otras personas.

Comenta así mismo que los facultativos, en caso de flagrante peligro, según el protocolo, pueden entrar en las viviendas de los pacientes, aunque no cuenten con la presencia policial, por lo que en el caso debatido no actuaron con imprudencia alguna, en contra de lo sostenido por el instructor del expediente.

En cuanto a la indemnización, este órgano consultivo indica que frente a los 1.760 euros reclamados por el demandante, este tiene derecho a recibir 1.130 euros, al no haber acreditado que como consecuencia del incidente perdió una cadena de oro con medalla, por la que también pidió ser resarcido.

 
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